Muralla al derecho educativo /Mirian Delgado Palma

Columnistas, Opinión



La Declaración de los Derechos Humanos, promulgada por la UNESCO, en 1948, en su artículo 26, dice: “Cada persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. La Constitución del Ecuador, en su artículo 26, refiere: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del del Estado…” Lamentablemente, esta exquisita literatura, se ve disminuida porque la meta a la que se aspira llegar está muy lejos de haber sido alcanzada, conculcándose el derecho inalienable de acceso a la educación para todos. 

Actualmente los arbitrarios mecanismos de acceso a los centros educativos constituyen “grandes murallas” que limitan la posibilidad de encontrar cupo e ingreso para la formación del individuo; como la exigencia de óptimos promedios, no desertores, estructura familiar, etc. Y para complementar esta tragedia, se considera que las estadísticas demográficas en lo específico, la estructura que contiene datos como sexo, edad, lugar de residencia etc., deberían ser indicadores acertados que prevenga el desequilibrio entre la oferta y la demanda de servicios educativos; pero son solo números, al parecer sin importancia para el proceso de previsión escolar.

Si el aspirante logró ingresar a la educación media y superior, se topa con profesores superdotados, sabios, invencibles en el conocimiento de las ciencias, los llamados “cucos” que elevan el pecho por este apelativo, y que lo celebra el resto de la planta docente. En el primer día de clase la motivación clave es… “conmigo no pasan el año…”; que tamaña ofensa e insulto a la inteligencia humana, que desprecio a la máxima de “querer es poder”, que pobreza de corazón, que restringida apreciación sobre el potencial humano. Como deducción, por lo general, este comportamiento lo tienen los que fueron pésimos estudiantes. Los maestros ilustrados que, si los hay, son los más humildes, respetuosos y mesurados en la conducción de sus discípulos.

Hoy, más que ayer, el sistema escolar ha establecido sus fronteras, tanto en su aspecto físico como en su connotación social. La escuela sube sus muros, el colegio alza cercos, la universidad encierra su campus. Además, el anterior gobierno construyó un sistema de ingreso para que solo permanezcan en sus aulas “los más dotados, los excelentes, o los más parecidos”; dejando sin ilusiones y esperanzas a miles de talentosos estudiantes que por obvias razones no pudieron demostrar en el papel, cuanta experticia, habilidades y destrezas, tienen a su haber. 

A este doloroso paisaje falta agregar, los sistemas corruptos de selección que en algunos entidades educativas se manejan, mencionando que no alcanzó la nota estimada para el ingreso; y, cuando se les pide retirar las pruebas o permitir tomar una fotografía al examen, se niegan, ¿por qué será?, y a última hora argumenta al pobre padre de familia, que su hija/o “reprobó”, cuando debían haberlo hecho por delicadeza y respeto con la debida antelación, antes de que se concluya el período de inscripciones a fin de que el afligido padre de familia recurra a otros establecimientos.

El Estado debería garantizar un sistema de educación abierto que haga honor a una sociedad democrática, que tanto se pregona. Abierto, porque le permite a la persona progresar a su propio ritmo y de acuerdo con sus condiciones; abierto, porque le da la posibilidad de llegar hasta la meta que aspira, y no quedar relegado por apreciaciones subjetivas.

Le corresponde al gobierno, hacer de la nación entera una gran escuela que facilite el aprendizaje y la realización de los seres humanos en cualquier momento o circunstancia, para romper con la muralla que limita al derecho educativo, y honraría la declaración de la Constitución 2008, que dice: “la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”. (Art.27 párr.2do.). (O)

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