Reformas a la Ley de Comunicación eliminaría Supercom

 

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación será presentado a la Asamblea por el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno; el viernes 18 de mayo. Una de las primeras propuestas será la eliminación de la Supercom.

Varios criterios se han dado al respecto. “La propuesta del presidente Moreno en eliminar la Supercom tienen varias implicaciones como el parar la desmedida persecución a los medios de comunicación, periodistas y personas que piensan y opinan diferente. Además, habrá mayor libertad de expresión, se garantizará el ejercicio profesional, existirá mayor opinión ciudadana, se mejorarán las condiciones de trabajos de los colegas, entre otras”, aseguró Wagner Ortega, presidente del Colegio Provincial de Periodistas.

El presidente gremial también resaltó que habrá que esperar que pase por la Asamblea y sea analizada, debatida y aprobada, pero añadió que la eliminación de la Supercom fue un pedido, no sólo de los gremios periodísticos, sino también de diferentes agrupaciones de profesionales, de organizaciones sociales, líderes y ciudadanos.

Según ‘Journalism in the Americas’, desde el 25 de junio que entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, se han procesado 1.081 casos contra medios y periodistas, de los cuales 675 terminaron con sanciones.

El abogado Francisco Rivera manifestó que este proyecto es una respuesta positiva para el clamor ciudadano en relación a la libertad de expresión. El trámite para este tipo de reformas a la Ley empieza con el conocimiento por parte de la Asamblea-Consejo de Administración Legislativa (CAL) que remite el proyecto a la comisión especializada, la misma que debe elaborar el informe que pasa a la discusión de segundo nivel y luego regresa al CAL.

“Una vez que se pueda armonizar la agenda del pleno de la legislatura, pasa a discusión en primera, si hay observaciones regresa a la comisión especializada y luego de modificarlo, regresa a segunda discusión para su aprobación y es remitido a la presidencia para el trámite de sanción (aceptación de la norma reformada) y publicación”, especificó Rivera.

Sin embargo podría darse el veto presidencial en aquellos puntos que la Asamblea modificó o en definitiva no esté de acuerdo con las políticas públicas del Gobierno. “Se espera que este trámite no dure más allá de 120 días, aunque el plazo máximo de aprobación es un año”, añadió. (I)