25 AÑOS DE LA CAÍDA DE MAHUAD

Ayer se cumplieron 25 años del levantamiento indígena, cívico y militar que
provocó la salida del poder del entonces Presidente de la República, Jamil
Mahuad Witt. Las protestas que precipitaron la caída del gobierno de Mahuad
tuvieron su origen en medidas impopulares, aunque necesarias, como el
congelamiento de fondos, el saneamiento de la banca ecuatoriana y la
dolarización.
Hoy en día, los anales de la historia registran que Mahuad “abandonó” el poder,
sin considerar que fue depuesto por la fuerza por una turba que se tomó el
Congreso, encabezada por Carlos Solórzano, expresidente de la Corte
Suprema de Justicia; Lucio Gutiérrez Borbúa, coronel del Ejército ecuatoriano;
y Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE). Así se formó un triunvirato, denominado
“Junta de Salvación Nacional”, que, al no recibir el reconocimiento formal de
Estados Unidos ni de otros países, tuvo que ceder su “poder” al entonces
vicepresidente, Gustavo Noboa Bejarano.
Hablar del gobierno de Mahuad evoca sentimientos encontrados, pero nadie
duda de que fue el gobernante que implementó tres medidas trascendentales:
la dolarización, la paz con Perú y el bono solidario. A Mahuad se le entregó el
poder con una “bomba” incluida, derivada de la extrema liberalización de la
banca y del fenómeno de El Niño, lo que exigió actuaciones urgentes y
complejas que derivaron en descontento popular, migración y suicidios.
Personalmente, considero que Mahuad tomó decisiones extremas para paliar
situaciones aún más críticas y que no tiene responsabilidad penal sobre sus
actuaciones. Lamentablemente, este criterio no fue compartido por la Corte
Nacional de Justicia, que, tras reabrir el proceso penal en su contra, lo condenó
por el delito de peculado, al haber firmado el decreto de congelamiento de
fondos en los bancos. La única esperanza judicial de Mahuad reside en la
Acción Extraordinaria de Protección que interpuso ante la Corte Constitucional,
signada con el caso 1051-21-EP.
En consecuencia, está en manos del máximo organismo de interpretación
constitucional revertir o mantener la decisión de la justicia penal en contra de
Mahuad. La Corte Constitucional cuenta con eminentes juristas que sabrán
tomar una decisión apegada al derecho.