Diez años de abuso y desgobierno

Por: Gabriel Morales Villagómez

Sistemáticamente en la “década perdida” fue destruida la institucionalidad y la legalidad del país. La “revolución ciudadana” de la mano del “caudillo”  Rafael Correa, una vez que asumió el poder en el 2007, arrasó con todas las instituciones democráticas del Ecuador.

 

Ni bien iniciado el gobierno, a punta de garrote y de artificios ilegales destituyeron a 57 diputados del entonces Congreso Nacional, para obtener una mayoría parlamentaria afín a “los revolucionarios”, la  que permitió la convocatoria a una asamblea constituyente la que finalmente dio a luz una espuria Constitución.

 

Sí, en la Asamblea de Montecristi se elaboró con novelería una Constitución a la medida del entonces presidente Rafael Correa, para lo cual se contrataron asesores venezolanos y españoles que exportaron un modelo neoconstitucional, ajeno a la realidad social del país y que trastocó toda la tradición jurídica, constitucional y organizacional del Estado.

 

Este marco constitucional le permitió a Rafael Correa acumular todos los poderes del Estado y poner todos los organismos de control a su servicio.

 

Poco a poco fueron creando el andamiaje propicio para perpetrar todos los actos de corrupción, despilfarro y desgobierno que ha sufrido la Patria.

 

Expidieron la Ley Orgánica de Contratación Pública y suprimieron los dictámenes previos que debían efectuar el Contralor y el Procurador General del Estado, sobre la legalidad de los contratos que licita el sector público. La supresión de las opiniones previas de control del Contralor y del Procurador, causaron daños irreparables y perjuicios millonarios al país, por sobreprecios, peajes y comisiones que pudieron haber sido evitadas.

 

Desestructuraron a Petroecuador para poder contratar “a dedo” la repotenciación de la refinería y otros proyectos emblemáticos y la convirtieron en una empresa pública sin autonomía administrativa ni financiera, pero además la despojaron de los pozos, campos y áreas petroleras, las que pasaron a ser operadas por Petroamazonas y luego a ser entregadas para la operación de empresas privadas.

 

Contraviniendo la Constitución y sin que sea competencia de Petroecuador, en forma ilegal le pusieron a gestionar líneas de crédito para buscar financiamiento externo y poder cubrir las necesidades fiscales, a través de la suscripción de convenios de preventa de petróleo con la China y Tailandia. Trataron ilegalmente de evitar que el endeudamiento con la preventa de petróleo, sea considerado como deuda pública.

 

Así, intervinieron en todas las instituciones del sector público, las caotizaron, propiciaron despidos masivos de personal, las llenaron de burocracia “verde flex” y las pusieron al servicio de su proyecto político y del caudillo.

 

Transgredieron la Constitución y todos los cuerpos normativos que ellos mismos aprobaron, se tomaron recursos de los afiliados y desfinanciaron al IESS; metieron las manos en la justicia para nombrar como jueces a sus allegados; se inventaron emergencias para contratar obras suntuosas a dedo y entre tantas ilegalidades cometidas, hasta se tomaron los recursos destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.

 

Mientras más pasan los días y salen a relucir tantos hechos de corrupción, despilfarro y desgobierno, la ciudadanía se va dando cuenta que el ex presidente Rafael Correa y su entorno revolucionario rompieron toda la estructura institucional y legal del país en forma sistemática, lo que trajo como consecuencia, el abuso de poder, el saqueo de las arcas fiscales, la corrupción rampante y el burdo endeudamiento externo, con el cual pretendieron crear la imagen ficticia de crecimiento económico. (O)