Notarías abarrotadas de empleados públicos

Las 21 notarías registradas en la provincia lucieron abarrotadas de funcionarios públicos que iban en busca de la declaración juramentada sobre bienes en paraísos fiscales. La primera notificación se la habría enviado desde el 23 de febrero, cuyo plazo concluía ayer; sin embargo, una segunda resolución llegó en la noche que indicaba la ampliación del plazo hasta el seis de abril del 2018.
En el país estarían registrados aproximadamente 487.867 empleados públicos, según declaraciones del Gobierno anterior.
El pedido fue nacional debido a que está vigente la Ley para la aplicación de la Consulta Popular 2017 sobre paraísos fiscales.
De acuerdo a la primera disposición transitoria del documento en mención, señala que “las personas que, a la entrada en vigencia de esta ley, ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidoras públicas, tendrán que acatar los mandatos de la consulta popular y esta ley o renunciar al cargo. No será válida una transferencia en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel…”
“Tenemos que esperar. La fila la estamos haciendo desde las 10 de la mañana”, comentó Miguel T., funcionario público.
Los empleados cancelaron aproximadamente 25 dólares por el documento que era entregado en aproximadamente una hora.
El funcionario público, Fabián M., comentó que la declaración es positiva, ya que se evitaría corrupción de ciertas autoridades que tienen paraísos fiscales.
En cada notaría se registró gran afluencia de personas que llegaban del Municipio de Ambato, Universidad Técnica, Empresa Eléctrica, Gobierno Provincial, IESS, Gobernación, carteras de Estado, Emapa y otros organismos públicos.
Extraoficialmente se conoció que la primera notificación habría llegado al medio día de ayer para algunas instituciones públicas, lo que originó la desesperación de los empleados, quienes luego de varias horas conocieron la segunda resolución que indica la ampliación del plazo.
Empleados de notarías comentaron que esta es una obligación para los funcionarios públicos.
Algunos tuvieron que viajar a distintos cantones de Tungurahua en busca del documento. (I)