Apertura de la información / Editorial
Un aspecto positivo que ha reaparecido en la vida nacional es el relacionado con la apertura a la información del sector público hacia la ciudadanía. Es un derecho elemental que el pueblo pueda tener acceso amplio para conocer lo que hacen las instituciones gubernamentales en cumplimiento de sus obligaciones, cómo actúan sus ejecutores; así como aquello que dejan de hacer en perjuicio de la comunidad.
En la década pasada, en forma abusiva e irresponsable, el gobierno de la “revolución ciudadana” prohibió que los funcionarios y empleados públicos pudieran dar información a la ciudadanía. En escuelas, en colegios y en todas las dependencias gubernamentales ningún funcionario podía dar información oficial. Pesaba sobre ellos la amenaza de sanciones.
Los Medios de Comunicación Social, a través de sus periodistas, tenían que desplegar grandes esfuerzos para ofrecer información veraz y confiable a la gente; más aún, cuando funcionarios inescrupulosos aplicaban la ley de Comunicación en forma distorsionada para imponer sanciones sin fundamento.
Se debe reconocer que con el nuevo Gobierno la realidad ha cambiado, en forma radical. Se permite el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales de información con libertad, sin trabas ni amenazas, a fin de transmitirla a la gente. Existe libertad de prensa para informar y para opinar.
Falta derogar la ley mordaza que ha regido en los últimos años del socialismo del siglo 21. Es indispensable que las Funciones Legislativa Ejecutiva actúen con celeridad; han transcurrido diez meses, tiempo suficiente para consensuar en un tema fundamental de los derechos humanos. (O)
