El «Nacionalismo Revolucionario» / Gabriel Morales Villagómez
Cuando el desgobierno de la “revolución ciudadana” en el sector petrolero dejan entrever los mayores atracos, inoperancia, despilfarro y corrupción de toda la historia del Ecuador, es bueno recordar el “nacionalismo revolucionario” implementado por la dictadura militar del General Rodríguez Lara.
El 16 de febrero de 1972 tomó el gobierno una dictadura militar encabezada por el General Guillermo Rodríguez Lara, quien asumió como “Jefe Supremo” y proclamó una filosofía nacionalista y soberana, implementando un plan de acción con el cual inauguró una nueva política petrolera, basada en los conceptos de recurso estratégico, soberanía, nacionalismo y autoridad militar.
La dictadura de Rodríguez Lara creó una Junta de Planificación la que elaboró un “Plan Integral de Transformación y Desarrollo del Ecuador”, para el quinquenio 1973-1977, en el que se impulsaron políticas para el desarrollo agrícola, financiero industrial y productivo del Estado.
El Plan Integral incluyó un programa completo de manejo de los recursos naturales, con el cual se buscó asegurar al país, la mayor participación en los ingresos petroleros. Había que lograr el máximo valor agregado sobre los derivados del petróleo; defender los precios del crudo en el orden internacional, aprovechar acuerdos con otros países exportadores de petróleo; elevar las reservas probadas de hidrocarburos; racionalizar la explotación de los yacimientos, formular una legislación apropiada; instalar refinerías estatales, construir oleoductos, poliductos y terminales para el transporte del crudo; cimentar una política de comercialización de crudo y de derivados; se procuró una participación directa del Estado, en la explotación de áreas y campos petroleros.
Dentro de estas políticas quizá lo más destacado del “Nacionalismo Revolucionario” fue el ingreso del Ecuador a la OPEP; el poner en vigencia la Ley de Hidrocarburos y el haber estructurado la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, lo que hoy es PETROECUADOR.
Con esta filosofía se renegociaron los contratos petroleros, incrementándose las regalías para el Estado. Se nacionalizó el contrato suscrito con el consocio Texaco-Gulf, que tenía a cargo el 25% de la producción nacional. Así, para finales de 1972, Ecuador se convirtió en el tercer país exportador de crudo en Latinoamérica, después de Venezuela y México, dando lugar a la transición de la economía sustentada en la agricultura, a las exportaciones de petróleo.
El 17 de agosto de 1972 CEPE realizó la primera exportación de crudo, de 308.283 barriles vendidos a USD. 2.34 p/b, por el Puerto de Balao, en Esmeraldas, petróleo que fue transportado por el Sistema del Oleoductos Trans-Ecuatoriano SOTE.
Este gobierno militar tuvo el mérito de estructurar CEPE como el primer ente público ejecutor de la política petrolera, que inició su actividad con 17 funcionarios, un presupuesto de 29 millones de sucres y con la responsabilidad de ejecutar todas las fases de la industria petrolera: exploración, explotación, industrialización, comercialización y transporte de los hidrocarburos, en medio de una dura resistencia de intereses locales y extranjeros que se sentían afectados en un negocio del cual hasta entonces sólo sacaban provecho determinadas élites políticas y económicas del país.
Aunque suene absurdo y paradójico, no fueron los gobiernos democráticos y constitucionales los que dieron el mayor impulso al desarrollo hidrocarburífero del país sino la conducción de un gobierno de facto, el que elaboró un programa completo de hidrocarburífero que fue cumplido y ejecutado rigurosamente. Las refinerías, los oleoductos, poliductos, terminales y demás infraestructura hidrocarburífera perduran hasta el día de hoy como las obras más destacadas y emblemáticas de la dictadura militar de los años setenta. (O)
