Ciudadanos Universales / Gabriel Morales Villagómez

 

El Ecuador durante los últimos cuarenta años fue un país de migrantes. Nuestros compatriotas, por las sucesivas crisis políticas y económicas, tuvieron que salir expulsados de la Patria a buscar mejores días en Estados Unidos, España, Venezuela y otros países.

Las migraciones fueron dolorosas, muchos ecuatorianos fueron sometidos a mafias de coyoteros, extorsionadores y traficantes de seres humanos y cuando llegaron fueron discriminados, tratados como ilegales y hasta encarcelados como delincuentes.

La última gran migración de ecuatorianos se produjo entre 1998 y el 2005, en su mayoría fueron a España, abandonaron padres, hermanos, esposos e hijos, sometidos en su condición de migrantes a duras peripecias y maltratos. Muchos compatriotas regresaron en ataúdes.

Habiendo sido el Ecuador un país de migrantes, ahora muchos compatriotas, sin mayor fundamento, opinan, juzgan y en forma mezquina emiten epítetos en contra de la migración venezolana. Lo hacen como si fueran dueños absolutos del país, de la tierra, del aire que respiramos y hasta de las vidas de los demás.

No se dan cuenta que la emigración de venezolanos hacia todo el continente constituye una crisis humanitaria que hiere la condición de seres humanos.

Quienes habitamos en este planeta somos compañeros de un viaje circunstancial, pasajeros del tiempo, gotas de vida que se extinguirán algún momento y cuando nos vayamos no nos llevaremos nada, nacionalidad, raza o frontera terrenal alguna, de las que ahora nos vanagloriamos.

Por tanto, no nos sirve de mucho el envanecernos diciendo que los emigrantes han llegado a “nuestro país” a quitarnos nuestro trabajo, a ocupar nuestro espacio y que generalicemos falazmente diciendo que todos son malas personas. El proceder de esta manera es un acto de insensibilidad humana, es una aberración, un delito de discriminación.

La Constitución que ahora nos rige determina que todas las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que nadie puede ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, identidad cultural, estado civil, idioma, religión o condición migratoria.

Concordantemente con lo que dispone la Constitución el Código Penal vigente castiga el delito de odio y la discriminación.

La Constitución garantiza la igualdad en la diversidad y la no discriminación, promueve la paz y propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las personas migrantes.

Quienes juzgan y emiten criterios de valor desafortunados, en la redes sociales y en los medios de comunicación, generalizando y condenado la condición de los emigrantes, alentando a las autoridades y a sus conciudadanos para que expulsen y no presten ayuda humanitaria a tantas familias que ahora mismo sobreviven con dolor y claman por ayuda solidaria, deben ser más prudentes, sensibles y tolerantes, deberán saber que con sus actitudes están lacerando la integridad de otros seres humanos, contraviniendo la Constitución y cometiendo tal vez un delito de odio.

Todos somos hijos de Dios, ciudadanos universales, son los hombres los que han puesto las fronteras. (O)