Chevron / Esteban Torres Cobo
Una crónica triste y casi anunciada. Nefasta para el Ecuador en todos los niveles. ¿Es que acaso no se pensó nunca en que irregularidades judiciales quedarían impunes frente a los ojos de terceros extranjeros? ¿Es que pudo más la viveza criolla que el ejercicio correcto de la justicia nivel local e internacional?
Liquidaron en gran parte las aspiraciones de quienes legítimamente sufrieron daños por parte de la petrolera norteamericana aquellos que, torciendo a ciertos operadores de justicia -no a todos, por supuesto-, se creyeron sobre el bien y el mal y buscaron incluso la complicidad de un gobierno ególatra deseoso de publicidad internacional.
Las peleas judiciales hay que darlas contundentemente y con firmeza, pero caer en los vicios propios de la victoria fácil tiene altos riesgos que finalmente sí se pagan. El laudo arbitral de la Corte de la Haya lo ha demostrado. Es cierto que el contrincante no era dócil ni manso, pero se debió prever que no bajaría los brazos ante las decisiones judiciales ecuatorianas, especialmente la de la Corte de Lago Agrio.
Judicialmente quedan pocos caminos, salvo exigir la aclaración o interpretación de ciertas partes del laudo ante los propios árbitros que resolvieron el caso y pelear en las cortes de primera instancia de los Países Bajos la nulidad por falta de competencia. Tesis que, hay que destacar, siempre fue una de las defensas del Ecuador en la disputa.
¿Otra solución? Quizás negociar y evitar que las consecuencias del laudo sean peores que las de un arreglo. Se ha dejado intacto en la decisión arbitral, sin embargo, el derecho que todavía tienen los afectados por la contaminación ambiental de reclamar judicialmente cualquier afectación que se les haya podido causar individualmente. (O)
