Gasto en justicia / Editorial
Una reciente investigación por parte del Consejo de la Judicatura de Transición determinó importantes sobreprecios en la construcción de edificios judiciales que albergan a juzgados y cortes en todo el país. Asimismo, mala ejecución y abundantes problemas en la planificación, que hoy le significan varias litigios en contra a la adminitración de la justicia ecuatoriana y que no pueden cerrarse definitivamente.
Es evidente que el anterior Consejo de la Judicatura, en las distintas administraciones que tuvo, se erigió en uno de los grandes poderes del Estado. No solo designó -y sigue haciéndolo- a las autoridades del Poder Judicial en todo el territorio nacional, sino que también tuvo la tarea de construir las nuevas instalaciones donde funcionaría dicho servicio.
Hay lecturas divididas sobre este último punto. En un principio, las instalaciones de juzgados y más dependencias eran lamentables y poco dignas para el ejercicio adecuado de la justicia. Nunca se invirtió lo necesario para brindar ese servicio con calidad a la ciudadanía y siempre se pensó que dentro de lo que el Estado tenía el deber de asegurar a sus ciudadanos, la justicia y sus instalaciones eran residuales.
Así, se invirtió y se construyeron grandes edificios pensados precisamente para la adecuada ejecución de algo tan importante como la justicia. Ahora bien, que dichas construcciones tengan sobreprecios no asombra en tiempos donde se despilfarró en todo. Es importante revisar exahustivamente sus causas y sancionar a los responsables. (O)
