Ecuador ¿país minero? / Juan Diego Valdivieso Rowland
El gobierno ha dado muestras de apertura hacia el desarrollo de la actividad minera. Esto suena como algo positivo para el país ya que atraería grandes inversiones en un momento de profunda crisis económica. Sin embargo, hay muchos aspectos socioambientales que no son tomados en cuenta a la hora de ejecutar estos proyectos en Ecuador.
Actualmente, son cinco los proyectos mineros estratégicos que están siendo impulsados por el régimen (algunos avanzan y otros no). Los proyectos son Fruta del Norte y Mirador en Zamora Chinchipe; Loma Larga y Río Blanco en Azuay; y San Carlos Panantza en Morona Santiago. El gobierno quiere convertir a Ecuador en una potencia minera. El problema es que, como toda industria extractiva, tiene grandes impactos ambientales y sociales. Los gobiernos y las empresas, mayoritariamente de capital chino, canadiense y australiano, nunca hablan sobre estos aspectos.
Sin embargo, la actividad minera, como se ha demostrado en Ecuador y otros países, ocasiona graves problemas ambientales como la fragmentación de hábitats -que conlleva a la deforestación y colonización-; y la contaminación -debido a la utilización de metales pesados como cianuro y mercurio que terminan en los ríos. Todo esto fomenta la destrucción de la biodiversidad, así como el desplazamiento de indígenas y colonos, grupos que han habitado estas zonas sensibles desde hace mucho tiempo.
Ecuador reconoce en la Constitución de 2008 a la naturaleza como sujeto de derechos. También menciona el derecho a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades involucradas en la explotación de los recursos naturales. El problema es que ambas figuras parecen haber sido olvidadas por el gobierno, como lo veremos en la próxima entrega. ¿Conviene al Ecuador convertirse en una potencia minera, tomando en cuenta su riqueza biológica, paisajística y cultural? Muchas señales indican que no. (O)
