Militares toman provincia de Carchi ante las protestas
Tulcán/Quito (Ecuador), (EFE).- La provincia
ecuatoriana de Carchi, fronteriza con Colombia, fue tomada ayer por un
contingente «sin precedentes» de fuerzas de seguridad y militares,
para dispersar a numerosos manifestantes que llevan tres días de protestas
contra el Gobierno.
Unos 200 efectivos policiales y alrededor de un centenar de militares tuvieron
que emplear medios antidisturbios para dispersar a cientos de manifestantes,
especialmente jóvenes estudiantes, que se habían autoconvocado para tomar la
sede de la Gobernación de Carchi, en Tulcán, capital de la provincia, y el
Aeropuerto Luis A. Mantilla, en desuso y al norte del sector.
En ambos puntos los manifestantes arrojaron piedras, especialmente contra el
edificio de la Gobernación, donde se produjeron desperfectos y hubo algunos
heridos entre los agentes del orden y los propios manifestantes, según pudo
constatar Efe.
El enfrentamiento, en el que los efectivos emplearon gases lacrimógenos para
dispersar a los concentrados, concluyó después de que un dirigente estudiantil
llamara a los manifestantes a desistir de que tomaran la sede y se colocara un
candado en el acceso.
En paralelo, otro grupo de manifestantes acudió al mencionado aeropuerto tras
difundirse el rumor de que llegaba un vuelo que traía miembros del Ejército
para aplacar las protestas que se iniciaron el martes. En este escenario
también se registraron forcejeos.
Tanto el paso internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, como varias
vías de toda la provincia, que comprende seis cantones, se encuentran
bloqueadas por obstáculos y vehículos de transporte pesado como parte de una
protesta que ha adquirido el lema de «Carchi resiste» en redes
sociales.
El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, explicó a Efe que quince personas
fueron detenidas entre el miércoles y el jueves por desórdenes públicos, entre
ellas un menor, y que al menos seis de ellas fueron liberadas tras la
intervención de sus abogados.
Calificó la presencia de las fuerzas de seguridad y militares de un hecho
«sin precedentes» y censuró el uso de la fuerza y gases lacrimógenos
para dispersar lo que definió como «marchas pacíficas de
familias».(I)