Una verdadera ley anticorrupción / Mario Fernando Barona
Como siempre digo: seguiremos lamentándonos y quejándonos de tanta corrupción por muchos años más mientras no exista en el país un cambio radical en el sistema político. ¿Qué pasa cuando al ratón le ponen a cuidar el queso? Se lo come, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted si a los ladrones les permitimos redactar leyes que busquen acabar con la delincuencia? Pues legislarían a su favor, obviamente. No hace falta demasiada inteligencia para concluir lo evidente.
Con honrosísimas excepciones a lo largo de la historia, la mayoría de diputados, asambleístas, legisladores y políticos en general han actuado como simples y vulgares ladrones, así de directo y claro; o bien, como ladrones investidos de legisladores; o, de ladrones actuando como jueces y fiscales. Como quiera que sea, al hampa de cuello blanco les identifica un solo denominador común: robar, dejar robar y tapar el robo.
La Ley de extinción de dominio, que para variar duerme el sueño de los justos en la Asamblea, todavía es paño tibio. Por eso, propongo formalmente que el gobierno nacional redacte una Ley exclusiva y diferenciadora para combatir la corrupción en la esfera pública. Una verdadera Ley anticorrupción. En ella debe constar, entre otras cosas que, el solo hecho de delinquir contra el Estado ya supone agravante, por lo tanto, quienes ejerzan como políticos y servidores públicos deberán guardar prisión preventiva en cualquier caso mientras dure la investigación por algún presunto delito a la fe pública; que las penas impuestas, en caso de hallarlos culpables, sean bastante más severas que las de un ciudadano común: las privativas de libertad, por ejemplo, deben ser acumulativas sin fianza ni reducción y que lleguen hasta la cadena perpetua; que los privados de libertad deben ganarse el pan de cada día; que quienes fuguen serán considerados rebeldes, delincuentes confesos y por tanto su pena será mayor; confiscación definitiva de todos los bienes muebles e inmuebles a su nombre, a nombre de terceros y del de su familia cercana, más la devolución del dinero robado y el pago de una multa correspondiente al doble de lo robado. Muchos de estos puntos también podrían ser aplicados a delincuentes comunes reincidentes y a otro tipo de delitos mayores. Esta Ley que, guardando el espíritu de “implacable y severa”, es desde luego perfectible, debería ser aprobada únicamente a través de consulta popular.
Quienes quieran servir a la patria desde la agenda pública deben estar conscientes que en caso de presunción de delito o delito comprobado, no gozarán de los mismos derechos que el resto de ecuatorianos. Si quieren así, adelante, de lo contrario, ni que se metan. No será la solución definitiva a la corrupción, pero sí le aseguro que con los primeros que caigan, muchos pillos ya lo pensarán dos veces.(O)
