Instan transparentar la investigación de disturbios en 2019

Quito, (EFE).- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) reclamó  justicia y una reparación integral por parte del Estado ecuatoriano para todas las personas y comunidades afectadas por las protestas de octubre de 2019 que, dice, vieron sus derechos vulnerados.

Un informe titulado «Verdad, Justicia y Reparación: a un año de las protestas sociales de octubre», presentado por las 18 organizaciones que conforman esta alianza, sostiene que no se han investigado apropiadamente las reclamaciones de las víctimas.

Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de Inredh, dijo con base en datos proporcionadas por la Fiscalía General del Estado que se «ha abierto 819 procesos tanto para manifestantes como en contra de policías».

De estos procesos, añadió, «669 se encuentran en etapa de indagación previa» lo que «de entrada» implica que «ya hay 150 procesos (..) que están en el olvido».

La ola de disturbios generalizados que sufrió Ecuador en 2019 se produjo en la primera quincena de octubre a raíz de un decreto del presidente Lenín Moreno que anulaba el histórico subsidio a las gasolinas en el país.

Decenas de miles, primero convocados por sindicatos y grupos de izquierda, y después encabezados por el movimiento indígena, tomaron las calles para protestar, hasta que el presidente derogó el decreto.

En los disturbios murieron una decena de personas y 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas agentes de las fuerzas del orden, a las que Inredh acusa de violación de derechos y represión, que el Gobierno niega.


Y que uno de sus fines es confrontar el discurso gubernamental, que «no reconoce su responsabilidad sobre hechos que configuran graves violaciones a derechos humanos ni los investiga diligentemente» argumentando que, en su lugar, «promueve procesos de criminalización contra líderes indígenas y sociales, así como manifestantes».(I)