Extinción de dominio / Editorial
La aprobación de una ley para la extinción de dominio se ha convertido en el tema central para combatir la corrupción. Al menos así se ha justificado la necesidad de la ley.
La realidad es diferente. Ya existen suficientes leyes para sancionar a los corruptos y hacerlos pagar los daños con sus bienes. Lo que ocurre es que no se han aplicado debidamente las leyes vigentes en la materia.
El proyecto de ley que está tratando la Asamblea, uno de los tantos que han sido presentados, está mal concebido. En lugar de servir para quitarles los bienes a los corruptos o a sus testaferros, abre un abanico tan grande para que, cualquier arbitrario que controle el poder y someta a jueces y fiscales, les quite bienes a personas honestas, simplemente sometiéndolas a una persecución judicial, por cualquier infracción inventada en contra de la administración pública.
En un país en el que las diferencias políticas se resuelven en la justicia, es muy peligroso que se apruebe una ley de extinción de dominio que no se limitará a los corruptos y a sus testaferros. (O)
