Lucha contra la Corrupción / Andrés Jaramillo
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La OEA fue la organización que en 1996 marcó el inicio en la aparición de instrumentos jurídicos internacionales de lucha contra la corrupción. Aunque no parezca verdad, hasta el año 1996, desde el punto de vista internacional, no existía normativa alguna que se preocupe por la lucha contra la corrupción. Por decirlo de alguna manera, parecía que la corrupción no existía hasta entonces.
A partir del año 1996, han surgido varias Convenciones en el plano regional, hasta que finalmente entró en vigencia la Convención de la ONU de lucha contra la corrupción en el año 2003. Algo similar sucede en Ecuador. Hasta los escándalos de corrupción del gobierno pasado, parecería que no había existido corrupción en anteriores gobiernos y que mágicamente, nos hemos dado cuenta de su existencia. Sin embargo, tal como dice el jurista José Avelino Muñoz Lorente, la corrupción ha acompañado al poder desde tiempos inmemoriales.
La Asamblea tiene hasta mediados de diciembre de este año para la aprobación de una ley anticorrupción, para cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el país pueda acceder a un nuevo desembolso.
De cara a los debates de esta ley hay que tener claro que la solución para mitigar la corrupción no debe abordarse exclusivamente desde el campo penal, sino desde la transparencia de la gestión pública: a mayor transparencia menor posibilidades de corrupción.
Endurecer penas e incorporar un nuevo catálogo de delitos anticorrupción realmente no es una forma idónea de combatir este fenómeno, si no está acompañado de mecanismos de control preventivos de la corrupción.
Quizá la aprobación de la Ley Anticorrupción no ponga fin a este fenómeno, pero es una medida que apunta en la dirección correcta. Es deseable que la Asamblea no pierda de vista que esta ley no debe ser una mera declaración simbólica para obtener el desembolso del FMI, sino que realmente prevea mecanismos de persecución penal idóneos y que, además, se refuerce figuras para una gestión pública transparente que permita prevenir este fenómeno. (O)
