Búnker amurallado / Fabricio Dávila Espinoza
Tras la última matanza en las cárceles de Guayaquil y Latacunga, el excoronel Fausto Cobo, recién nombrado director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, aseguró que una de las medidas tiene que ver con la reconstrucción del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte, que funciona en la provincia de Cotopaxi, hasta transformarlo en un búnker amurallado.
Esta cárcel fue el escenario del motín del pasado 21 de julio, que dejó un saldo lamentable de 22 muertos, medio centenar de heridos y unos cuantos fugados. La idea, es convertirla en una infraestructura con paredes de concreto y puertas blindadas. En este proyecto participaría el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la ESPE. Al tratarse de entidades del Estado la esperanza es que no haya sobreprecios.
Precisamente, esta edificación, construida por el régimen de la revolución ciudadana en el 2010 y que teóricamente era de máxima seguridad, resultó más vulnerable que cualquier otra infraestructura de menor presupuesto. La obra inició con la declaratoria del estado de emergencia a los centros de rehabilitación realizada por el exministro del Interior, el célebre, José Serrano.
Al inicio, se estableció un presupuesto de 46,5 millones de dólares, pero el edificio costó 70,4 millones, es decir, hubo un incremento de 23,7 millones. Cosa que no resulta rara, dado que la adjudicación fue realizada dentro del marco de los decretos de emergencia que eran tan apreciados durante esos años de gobierno.
Ahora, se conoce que este complejo de 70.000 metros cuadrados, en el que deberían estar cerca de 5 mil sentenciados, no sólo es inseguro, sino que también tiene problemas legales y hasta falta de agua. Sin embargo, este caso no es aislado, en igualdad de condiciones está la construcción de otros centros de rehabilitación en Azuay, Guayas, Chimborazo y Loja.
El actual decreto gubernamental de emergencia, hará de esta cárcel un búnker inviolable, financiado con fondos públicos, en otras palabras, se invertirá sobre lo que hasta ahora ha sido un centro de rehabilitación fracasado, al que entran y salen delincuentes como si estuvieran en su casa; en el que hay libre compra y venta de drogas y existen verdaderos arsenales en manos de los detenidos.
La muralla tal vez corrija una parte del problema, pero la solución tiene que ver con la transformación estructural de la rehabilitación social en el país y esto se consigue, no solamente con recursos económicos, sino con la voluntad política de las personas que administran el Estado. (O)
