Montecristi / Fabricio Dávila Espinoza
En Montecristi, recinto Tohalla Grande, algunos moradores están en vigilia, para impedir que la Fuerza Aérea Ecuatoriana instale un radar. Este hecho despierta inquietudes y sospechas.
La ejecución del proyecto tiene visiones confrontadas. El gobierno defiende su plan, considerando que las fuerzas de control estarán mejor dotadas para cuidar el buen uso del espacio aéreo en su lucha contra el tráfico de drogas. Los antagonistas locales, liderados por conocidos actores políticos, afirman que esta incursión afectaría la flora y fauna.
Manabí, de un tiempo a esta parte, es tierra próspera para actividades relacionadas con el narcotráfico. Más de una avioneta contaminada con droga ha volado sin contratiempos en los alrededores de cerro de Montecristi y aterrizan en pistas clandestinas, incluyendo la explanada donde debería funcionar la fallida refinería del Pacífico. No cabe duda, los vecinos del cerro, tienen una posición ambigua, por decir lo menos.
Las naves extranjeras ilegales, aparentemente, tienen vía libre. Esta situación, sería una consecuencia de la salida de Estados Unidos de la base de Manta, cuyo funcionamiento se produjo gracias a un acuerdo firmado por el expresidente Jamil Mahuad. Desde el inicio hubo críticas a causa de posibles violaciones a los Derechos Humanos atribuidas al personal estadounidense. Al final, su clausura se convirtió en un tema político, al considerarlo una reivindicación de la dignidad y soberanía nacional. Con estos antecedentes fue cerrada el 2009, por el gobierno de la revolución ciudadana.
Más allá de las opiniones a favor o en contra de la presencia militar extranjera, el Estado nunca asumió el control que otrora realizaban los norteamericanos. Entonces, advertimos una realidad inédita. Las organizaciones internacionales al margen de la ley operan en nuestro país con transporte aéreo propio y mini aeropuertos privados. Mientras, los vecinos del cerro, no quieren escuchar el informe técnico, que sostiene la viabilidad del proyecto, por su bajo impacto medioambiental. Llama la atención que la protesta es liderada por funcionarios públicos que representa a la misma tendencia política que cerró la base de Manta.
Con todo esto, el sistema carcelario nacional atraviesa la peor crisis que se recuerde. Las bandas nacionales son un simple brazo criminal de los grupos internacionales. Se rechaza la colocación de un radar, cuando al mismo tiempo somos noticia mundial, a causa de la segunda mayor incautación de cocaína de la historia. Oponerse a un proyecto de esta naturaleza generan muchas inquietudes. El gobierno no da su brazo a torcer. Y queda claro que, detrás la oposición, debe existir intereses ajenos a la defensa del medioambiente. (O)
