Sustentarán apelación en Quevedo por caso fotorradares

Javier Altamirano, alcalde de Ambato, explicó sobre el funcionamiento del noveno fotorradar en la ciudad ubicado en la avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja en rueda de prensa. 

La empresa concesionaria demandó una acción de protección en contra del Municipio en el cantón Quevedo, dijo.

Recordó que desde el 2019 la actual administración se pronunció indicando a la empresa que no puede encender el noveno fotorradar. 

Este pedido tiene respaldo de documentos, pero al parecer de forma arbitraria sigue funcionando el dispositivo, agregó.

Esto ha provocado la aparición de multas de tránsito sin que el cabildo haya autorizado.

Altamirano aclaró que la entidad seccional no tuvo la competencia de la avenida Bolivariana sino recién desde el 10 de agosto de 2021 a consecuencia de una reforma legal.

Existe un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en la que se manifiesta que la avenida Bolivariana es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por lo cual los fotorradares debían ser reubicados, lo cual fue comunicado a la concesionaria.

Ante ello y tras la sentencia emitida por la juez de Quevedo que dispone se suban las multas generadas desde enero de 2020, el cabildo ambateño ha presentado una apelación que será sustentada por el equipo jurídico este lunes 13 de septiembre, indicó Altamirano.

La autoridad municipal anunció que estará de forma personal en esta acción judicial para que se respete los derechos no solo de los ambateños, sino de los ecuatorianos en general. 

Aseveró que la entidad promoverá todas las acciones legales para frenar esta situación y al mismo tiempo revisarán nuevamente las condiciones del contrato con la empresa concesionaria y detectar posibles incumplimientos. 

Por su parte, la concejal María José López, calificó de tardía la actuación del Alcalde, pues hubo una anterior audiencia en la que el Municipio perdió.

Se lamentó que ni el Procurador Síndico haya asistido a las audiencias, ya que designó a otros funcionarios, lo cual evidencia que la entidad seccional ha venido ejerciendo una defensa de forma equivocada.

Si el fallo no resulta a favor del cabildo en la Corte Provincial de Los Ríos, el Municipio tendría que presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra de la empresa concesionaria, sostuvo.

Mencionó que son 362 mil fotomultas que generarían alrededor de 60 millones de dólares, lo cual va en contra de la ciudadanía. En este punto, sabe que ya empezaron las notificaciones de las sanciones. (I)