Pánico, violencia y crisis / Fabricio Dávila Espinoza
El sistema de rehabilitación social del país está devastado. La lucha por la hegemonía en el crimen organizado redunda en rebeliones. El escenario es alarmante, la respuesta del Estado es débil y las políticas de reforma brillan por su ausencia.
El 2021 será recordado como un año especialmente violento. El baño de sangre en las cárceles ecuatorianas, sólo es comparables a eventos ocurridos en varios países de América Latina. Entre los motines más mortíferos de los últimos años en esta región, se cuenta el terror sembrado por Sendero Luminoso y Tupac Amaru, en 1986, en tres cárceles de Lima, con 250 muertos; la matanza en la Casa de Detención de São Paulo en 1992, con 111 fallecidos; el asesinato de 108 reclusos en 1994, dentro de una prisión en Maracaibo; los 135 presos ajusticiados el 2005, en un motín dentro de la prisión de Higüey, en República Dominicana y los 361 muertos el 2012, en la Granja Penal de Comayagua de Honduras.
El Ecuador, es parte de la lista negra de países donde el control de las cárceles no está en manos del Estado, sino de los grupos criminales. La masacre de esta semana, con 116 reos muertos en Guayaquil, es uno de los episodios más violentos a escala internacional. Pero, este es el tercer motín de este año. El primero ocurrió en febrero y dejó 79 muertos. El segundo fue en julio y produjo 22 decesos. El gobierno que salió y el actual no aprendieron la lección y cargan, en siete meses, con el peso de 217 asesinatos.
Mientras tanto, los familiares de los fallecidos esperan noticias oficiales y la posibilidad de enterrar a sus muertos. Al mismo tiempo, que la ciudadanía quiere explicaciones más allá de las ruedas de prensa. El problema es complejo. El gobierno busca fortalecer la seguridad en las calles, pero esto implica llevar más delincuentes a prisiones superpobladas. Los centros de reclusión no son lugares para solucionar la criminalidad. Todo lo contrario, parecerían ser puestos de mando de los líderes de las mafias.
La respuesta del gobierno, por ahora, es repetir la fórmula fracasada de los estados de excepción. Nuevamente se moviliza al ejército y a la policía para realizar controles. Seguramente, los próximos días se anunciará el decomiso de armamento a los reos, que no tardarán en aprovisionarse nuevamente. Con esto, sólo se pone un parche a una realidad que requiere cambios estructurales. (O)
