Contraloría encuentra incumplimientos

De acuerdo al informe de la Contraloría General del Estado sobre el contrato de los fotosensores se habla que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.

Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la Municipalidad para gestionar directamente el control de tránsito, ni se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.

En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión (la concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta) y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes.

Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el Municipio deje de percibir 50.405 dólares del porcentaje de participación que le correspondía, según los términos del contrato.

Según el informe, el administrador del contrato solicitó rechazar otras 227 infracciones, por 29.534 dólares, argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

En el examen aprobado en el 2020, la Contraloría determinó que los directores de Tránsito de la Municipalidad no controlaron que la sistematización de las infracciones concuerde con los límites de velocidad establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según el tipo de vehículo infractor.

Por ello, el Municipio no recibió 1’382.191 dólares, debido a que las sanciones impuestas a los vehículos de transporte público, comercial de pasajeros y de carga, fueron determinadas erróneamente y no se multó a la concesionaria por esta omisión.

La Municipalidad dejó de percibir 91.798 dólares, debido a que 914 infracciones por exceso de velocidad fueron anuladas sobre la base de sentencias de los operadores de justicia, decisiones sustentadas en que la concesionaria notificó extemporáneamente sobre la sanción a los infractores, afectando a la garantía de debido proceso, en este caso, tampoco se impuso la multa de 10 mil dólares al proveedor por esta falta grave.

Finalmente, los auditores concluyeron que no se realizaron pruebas de funcionamiento nocturno de los radares ni se verificó la ubicación de las cámaras, impidiendo que se identifique correctamente a los vehículos y que se rechacen 164.820 contravenciones.

Ante el informe de la Contraloría y el pronunciamiento del alcalde de Ambato, el gerente general de Safety Enforcement Seguridad Vial S.A, Jaime Castellanos, emite su aclaración mediante comunicado de prensa, desde el 16 de abril del 2014 que se firmó el contrato de concesión, que aprobó la máxima autoridad y con pleno conocimiento del Concejo Municipal el 25 de febrero de 2014 donde se dio por conocido el informe previo a la adjudicación del contrato.

Se refirió a los exámenes especiales de la Contraloría al contrato. El primero en el 2016 referente a la renegociación del contrato con el Municipio de Ambato. De ese examen existen dos glosas, responsabilizando al director de Tránsito de aquel momento por dar de baja multas sin justificación; SES al ser solidariamente responsable de las glosas, cumpliendo la normativa legal presentó las impugnaciones pertinentes ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, tales glosas no poseen un carácter definitivo.

En el 2019, la Contraloría realiza otro examen especial a la ejecución del contrato, donde se hacen predeterminaciones (no penales) a la administración municipal y a la empresa, todas estas fueron impugnadas debidamente en el plazo legal, encontrándonos a la espera de la resolución del debido proceso.

En septiembre del 2021, la empresa solicitó a Contraloría realice un alcance al examen especial al noveno fotorradar, sobre el cual no existe un informe final, una vez se obtenga el mismo seremos respetuosos y acataremos las decisiones administrativas y judiciales pertinentes.

Desde enero del 2020 la empresa ha realizado innumerables acercamientos con el alcalde, mostrando la negativa por parte de la autoridad en encontrar soluciones, por lo que se emitió un acta de imposibilidad de acuerdo. Han pasado más de dos años sin recibir una respuesta o acción concreta por parte del Municipio por lo que demandaron, acota en el comunicado. (I)