Acciones para terminar contrato de fotorradares
El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, ratifica la terminación del contrato de fotorradares con la empresa concesionaria Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. (Foto El Heraldo)
En cuanto a la acción para terminar el contrato de concesión de fotorradares con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A., el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, mantiene reuniones con su equipo de trabajo y articulará acciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que permita presentar la demanda en los próximos días.
El proceso es administrativo se verificará el contrato, las cláusulas, cumplimientos e incumplimientos, viendo lo favorable para los intereses de los ambateños, dijo.
La primera autoridad del cantón, enfatizó en los exámenes especiales de la Contraloría, había tres posibilidades de terminar el contrato, por mutuo acuerdo que no era factible por la posición de la empresa; la otra identificar una terminación unilateral, lo cual podía generar un perjuicio a la Municipalidad de Ambato; y la última por el incumplimiento sobre el noveno fotosensor que sin tener la autorización del Ministerio de Transporte empezó a sancionar.
Ante varios incumplimientos, la decisión es terminar el contrato, el Municipio se defenderá para lograr una sentencia a favor y no generar más daño a los ambateños.
Dijo que “Estamos conscientes de terminar el contrato, el Municipio podrá reestructurar la ubicación de los fotosensores y asumir el funcionamiento enmarcado en una política pública y no de lucro económico, sino de prevención, de salvaguardar la vida de los ambateños”, explicó.
Aclaró que en los siete años del contrato y funcionamiento de los fotorradares la cifra de recaudación por las sanciones al exceso de velocidad de manera general, es entre 54 a 59 millones de dólares, no es solo del noveno fotorradar, se ha tergiversado la cantidad.
La empresa concesionaria en dos o tres años seguramente debe haber recuperado la inversión y ahora genera lucro.
Recordó que al inicio del contrato el mayor porcentaje de recaudación era para la empresa y el menor para la Municipalidad; posteriormente, se cambió las condiciones a favor del cabildo.
Habló del informe de Procuraduría General del Estado Ecuatoriano en el 2016, que se pudo dar por terminado el contrato, la autoridad del momento, no lo quiso o no lo pudo hacer.
Se dividirá en dos partes. Primera, la acción que puso la empresa no la hizo en Ambato, sino en Quevedo, una acción nacional de protección, frente a una sentencia que no estaba debidamente motivada, porque era una acción de habeas data, dos procesos diferentes.
Además, durante cuatro meses no existe sentencia por la jueza de ese cantón; ante ello, se ha puesto quejas disciplinarias y el Consejo de la Judicatura se encuentra investigando y, además, se conoce la renuncia del secretario.
El alcalde puntualizó que hubo fraude procesal de manipulación de documentos, algo similar ocurrió en Loja, extrañamente se recibió la denuncia en Quevedo y en fin de semana.
Pidió al Consejo Nacional de la Judicatura continúe investigando el mal proceder, no es solo un problema de los ambateños, es de los ecuatorianos, estamos enfrentando a poderes económicos que buscan sus intereses. (I)
