Ultimátum presidencial / Fabricio Dávila Espinoza
La desaparición de la Sra. Belén Bernal atrajo las miradas de los ecuatorianos por once días y la confirmación de su muerte removió varias estructuras de nuestra sociedad. Ante lo acontecido, el gobierno del “encuentro” dio un ultimátum.
El presidente, Guillermo Lasso, debido a sus problemas de salud, de conocimiento público, siguió a larga distancia los pormenores y el desenlace de un hecho reprochable desde donde se mire. A su arribo, emitió un mensaje urgente a la nación, con tanta premura que lo hizo, por poco, desde las gradas del avión, con viento en contra, literalmente hablando y un ruido suficiente para impedir la escucha adecuada de su alocución. Por lo visto, el servicio de comunicación de la presidencia rebasa la mediocridad y se acerca a la incompetencia.
Desde esa hora, el presidente ha tomado varias resoluciones, en un intento desesperado de cambiar la percepción de la ciudadanía. En tono enérgico, el 23 de septiembre dio una semana al comandante de la Policía Nacional para encontrar a Germán Cáceres, esposo y presunto asesino de la Sra. Bernal. El plazo vence hoy. Como el día tiene 24 horas, habrá que esperar con paciencia.
El ultimátum es una sentencia o dictamen definitivo que no admite respuesta negativa. Si la parte subordinada incumple las exigencias del que ordena, debe atenerse a las consecuencias. Aquel que recibe la notificación solamente está en condiciones de cumplir. La suerte del jefe policial parase estar consumada.
Sobre la desaparición de Cáceres existe dos hipótesis; habría salido del país a través de un de paso fronterizo terrestre. De ser así, la Fiscalía tramitaría una orden de difusión roja para que sea buscado en el extranjero por la Interpol. La segunda opción es que uno de los hombres más buscados del país permanezca en territorio nacional. El exministro Carrillo, fue despedido antes de cumplir su ofrecimiento de sacar al presunto culpable “debajo de las piedras”.
Años atrás, el expresidente Lenin Moreno, en circunstancia distintas, dio el plazo de 12 horas para que los raptores del equipo periodístico de El Comercio muestren pruebas de vida de sus secuestrados. A la fecha, tres familias continúan llorando su muerte.
Los ultimatos presidenciales, en estos casos, poco sirven para conseguir los efectos que espera la sociedad. Tal vez, sean una justificación para remover del puesto a los servidores que incumplen. Pero, en el intento de levantar una imagen caída y pisoteada, parecen insuficientes. (O)
