LA ARBITRARIEDAD DEL ESTADO / Álvaro E. Sánchez Solís

La Administración Pública encuentra su razón de existir en la protección de los intereses generales de las personas, en el funcionamiento como un ente punitivo que castiga los comportamientos humanos que van en contra de lo legal y la satisfacción, de forma eficiente y eficaz, de las necesidades de los ciudadanos.

En esa misma línea, los entes y órganos que conforman el Sector Público poseen varias herramientas y prerrogativas para poder cumplir sus fines. No obstante, cuando dichas prerrogativas son abusivas o, a su vez, excesivas, la Administración pierde su calidad de servicio a la colectividad – en los términos del artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador – y se convierte en un ente omnipotente e intransigente que inobserva los derechos de los ciudadanos.

En el Ecuador, debido a cierta etapa, caracterizada por el autoritarismo, se construyó un andamiaje jurídico favorable para la Administración y poco garantista para el ciudadano. Inclusive, hay ejemplos de casos en los que ciertos funcionarios públicos, envestidos de una máxima protección otorgada por el Sector Público y con fines protervos, han despojado a los ciudadanos de derechos, inclusive, fundamentales. Uno de esos ejemplos es el caso Filanbanco, donde un Mandato Constituyente – para ser exactos, el No. 13 –, bastó para desapropiar a los ex dueños de bancos quebrados durante la crisis del 99’ del derecho a la defensa.

Sin embargo, el poder del estado no es eterno y, de cierta forma, siempre tendrá un contrapeso. En el mismo caso Filanbanco, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un Dictamen declarando que el Mandato Constituyente No. 13, emitido por la Asamblea Constituyente del Ecuador, atentaba contra el derecho al debido proceso y, con ese argumento, los hermanos Isaías, en calidad de afectados, recurrieron a las cortes ecuatorianas para reclamar indemnizaciones exorbitantes frente al abuso estatal.

En conclusión, la Administración Pública debe tener los medios que le permitan actuar frente a las necesidades de los ciudadanos, pero sin caer en una arbitrariedad que anule los derechos de los ciudadanos. Para ello, debemos exigir legislaciones menos estatistas y más garantistas de los derechos de los ciudadanos.