Estado de decepción
El estado de excepción es un recurso que define la frontera entre la normalidad y la anormalidad, frente a situaciones irregulares, aplicando restricciones que impiden temporalmente la normalidad.
El artículo 164 de la Constitución, permite que el Jefe de Estado emita disposiciones de esta naturaleza, en todo el territorio nacional o en parte de él, debido a casos de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna y calamidad pública o desastre natural.
Mas, el poder ejecutivo ha distorsionado esta figura legal, estableciendo casi de modo permanente la excepcionalidad. La poca eficacia en el control de la violencia hace que la irregularidad se transforme en realidad cotidiana y que lo anormal se vuelva normal. La firma de un documento por sí sola no remedia la perturbación del orden público que atenta contra la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana pacífica. Es entendible que, para la mayoría de ecuatorianos, estos decretos no sean más que estados de decepción.
Desde el año 2019 experimentamos escenarios que demuestran escasa eficiencia en los decretos presidenciales pacificadores. La paralización indígena que sometió al gobierno de Lenin Moreno probó que estas medidas pasan inadvertidas. Aun así, el Ejecutivo continúa insistiendo en algo que da pocos resultados. Por esta razón y como era presumible, la segunda paralización de los movimientos indígenas el año pasado agudizó la crisis de gobernabilidad y marcó el declive de actual régimen.
La masacres carcelarias y las amenazas que en algunos casos se han materializado ponen en riesgo el orden constitucional, la estabilidad económica y la vida de los ecuatorianos. Sin embargo, la reacción para frenar la violencia generalizada, junto a la incapacidad de brindar seguridad y la poca respuesta a las necesidades básicas de la población continúan siendo la firma de estos decretos.
Esta última semana, la violencia excesiva que terminó con la muerte de ciudadanos indefensos; la retención de guardias penitenciarios; los atentados a la propiedad pública y privada; las agresiones en las calles, saqueos, extorsiones y vacunas; los comunicados de los líderes del crimen organizado que aparecen dando mensajes a la nación,… hicieron que el gobierno emita nuevamente un estado de excepción en los Ríos y Manabí, Durán y todas la cárceles del país.
Si la política continúa siendo tan predecible, es casi seguro que el resultaldo final no tenga variaciones. El país vive en estado de decepción.(O)