En juego el estado de derecho
Andrew Jackson (1767–1845), jurista presidente de los Estados Unidos, sobre la importancia constitucional de una judicatura eficaz afirmó: “Todos los derechos que la Constitución asegura a los ciudadanos no valen nada y son una mera burbuja si no están garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso”. De esto, precisamente, adolece la justicia ecuatoriana: independencia y virtud.
La actuación dudosa, no generalizada, de muchos administradores de justicia, trastorna la confianza de los ecuatorianos que, mayoritariamente, han dejado de creer que las leyes se aplican de forma justa e imparcial. Nuestro sistema de justicia atraviesa un nuevo episodio de tensión debido al enfrentamiento de sus autoridades.
Para empezar, la Fiscalía busca procesar a funcionarios de la Judicatura. Esta situación salpica a Wilman Terán, presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial, dos vocales y cinco miembros más. El presunto delito sería obstrucción de la justicia.
En concordancia con la Fiscalía, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia retiró la confianza a Terán como presidente de la Judicatura y pidió a todos los implicados en irregularidades a presentar la renuncia. La gota que derramó el vaso fue la destitución del juez nacional, Walter Macías, que investigaba a dos de sus compañeros. Macías, fue destituido con dos votos, cuando la mayoría se conforma con tres. Más tarde, salas especializadas de esta misma corte desconocieron el comunicado de Saquicela.
Para agravar la situación, la Presidencia se alió a la Fiscalía y a la Corte
Nacional. El Gobierno del Encuentro calificó la actuación de la judicatura como
lamentable e ilegal. No así, al Concejo de Participación Ciudadana, que se
alineó al Consejo de la Judicatura.
Este entramado resulta difícil de entender, todos los implicados defienden sus criterios, dicen actuar en resguardo de los intereses nacionales y descalifican a los que según su criterio atentan contra el ordenamiento jurídico. Entretanto, las calles no dejan de teñirse de sangre, detonan carros con explosivos en barrios residenciales, continúa el descontrol en las cárceles, no cesan las extorsiones y los sujetos capturados por la policía quedan libres gracias a la actuación de jueces o fiscales.
Ningún funcionario está por encima de la ley. La obediencia a las normas no se pide como un favor, sino que se exige como una obligación. Lo que está en juego es “nada más” que el estado de derecho. (O)
