Borrón y cuenta nueva
La Corte Constitucional declaró el incumplimiento del dictamen por los actos relacionados con la revisión del concurso para la designación de la actual fiscal general del Estado y la conformación de una veeduría con el fin de diagnosticar y evaluar el cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.
En términos menos complicados, esta sentencia determinó que Alembert Vera sea removido de la presidencia CPCCS; que el coordinador general de asesoría jurídica sea cesado; que los consejeros sobrevivientes entren en cuarentena y que el CPCCS dé marcha atrás en sus intenciones de «bajarse» a la fiscal general y a la Corte Constitucional.
El CPCCS fue un invento de la Constitución del 2008, pensado como un organismo autónomo de la Función de Transparencia y Control Social. Desde su creación hasta el año 2018, esta entidad era integrada por miembros seleccionados a través de un concurso público de méritos y oposición. Pero, con el referéndum de febrero de 2018, los consejeros empezaron a ser designados por votación popular. Aparentemente, esto permitiría independencia frente a las demás funciones del Estado. El remedio resultó peor que la enfermedad.
El CPCCS indiscutiblemente es un botín político, dado que tiene la función de nombrar a las principales autoridades de control: Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Procurador General del Estado, Fiscal General del Estado, varios superintendentes, entre otros. Por esta razón, la consulta popular del 2018 buscaba despolitizar o por lo menos despartidizar su conformación, para que no sea una entidad cooptada por los poderes Legislativo o Ejecutivo.
No obstante, la actuación de los consejeros ha terminado casi siempre en las prácticas insanas de la política tradicional, nombrando funcionarios con intereses políticos y económicos manifiestos sin ningún tipo de vergüenza. Así llegaron a ser Contralor Carlos Pólit, actualmente en manos de la justicia norteamericana y Fiscal general Galo Chiriboga, investigado por haber recibido presuntamente un maletín con 300 mil dólares en un hotel del norte de Quito. Tiempo atrás, fueron destituidos otros miembros del CPCCS, uno de sus expresidentes vive en la celda de una cárcel del país.
Ahora, la presidenta que ocupa el lugar de Vera, Nicole Bonifaz, dice que su administración será inédita, transparente, impoluta,… es decir, como las anteriores veces, nuevamente nos ofrece que habrá borrón y cuenta nueva. (O)
