“Justicia por mano propia” trae consecuencias
Las leyes regulan el respeto a la vida y a los tratos crueles. (Foto El Heraldo)
Con el único objetivo de reducir la inseguridad, habitantes de ciudadelas, barrios y de juntas del Campesinado, están unidos para “castigar” a ladrones o personas de dudosa procedencia; sin embargo, personal de la Policía Nacional no permite que exista “justicia por mano propia”, a excepción de zonas rurales.
El pasado 14 de noviembre, cientos de pobladores del barrio El Tambo del cantón Pelileo, exigían a la policía la entrega de cinco individuos que fueron detenidos durante el allanamiento a una vivienda, donde falleció un policía y un posible maleante.
Todos gritaban que se les entregue a los sujetos de nacionalidad extranjera, pero los gendarmes cuidaban la integridad tanto de los ciudadanos enardecidos, como de los implicados.
“Queremos que el pueblo castigue a quienes hacen daño y más cuando quitan la vida de una persona inocente. Estamos unidos y queremos dar una cucharada de su propia medicina a los ladrones. Ellos creen que con amenazar con un arma de fuego, nos vamos a intimidar”, comentó Sergio Padilla, líder campesino.
Ante ello, desde la Fiscalía de Tungurahua se dijo que dentro de la zona rural se aplica la justicia y purificación, donde no interviene la justicia ordinaria, pero cuando existen personas fallecidas la causa llega a la entidad como un delito de asesinato, homicidio u otros, iniciándose la investigación y posterior sanción a los culpables.
El comandante de la Zonal Tres de la Policía Nacional, Renán Miller, indicó que es imposible que los uniformados den paso a los pedidos ciudadanos, especialmente cuando quieren que se les entregue a los implicados en cualquier hecho.
“Como Policía Nacional seguiremos haciendo nuestro trabajo que es velar por la seguridad de las personas, más aún cuando nos entregan o revelan información valiosa. Depende de nuestras autoridades, sobre todo de su competencia sacar a los extranjeros que hacen daño, considerando que no son todos, pero es necesario aplicar lo dicho. Hay personas que están al margen de la ley y es ahí donde debemos actuar”, comentó.
Miller, aseguró que los ciudadanos se sienten molestos con acciones vandálicas que se observan en el diario vivir y eso es lo que les indigna.
“El hecho de que las personas se reúnan y quieran castigar a los maleantes ahí debemos intervenir. Nosotros estamos para dar seguridad”, explicó.
Sin embargo, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previsto en la ley, acatar y cumplir la Constitución y las decisiones legítimas de autoridad competente.
Además, las autoridades indígenas deben observar en la administración de justicia los mínimos jurídicos, que son las garantías para todos los seres humanos, que las autoridades indígenas no pueden omitirlas como el derecho a la vida, al debido proceso, a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles. (I)
