Justipreciar es necesario
Aunque parezca perogrullada, el principio de igualdad ante la ley es fundamental en los sistemas judiciales. No obstante, la realidad demuestra que el acceso a una defensa legal adecuada, el tratamiento por parte de las autoridades y las sentencias pueden estar influenciados por el estatus socioeconómico, la raza, el género, la etnia u otros factores.
En esa advertencia, la posibilidad de errores judiciales, donde personas inocentes son condenadas mientras que los culpables pueden quedar en libertad, de a poco se afianza como una suerte de verdad incuestionable, de manera que hasta se plantea serias preguntas sobre la eficacia del sistema de justicia; tanto más cuanto que, la lentitud de los procesos judiciales, que puede llevar años resolver casos, afecta también la percepción de la justicia y su efectividad, especialmente cuando se afirma que «justicia retrasada es justicia denegada».
La idea de imperfección del sistema de justicia, en algunos casos, “injusto o ineficaz” invita a pensar en la potencial “paradoja de justicia coja”, contrasentido que profundiza la noción de una justicia ciega, improvisada y fútil, independientemente de su representación a menudo heroica de ecuanimidad -simbolizada en muchas culturas por la figura de una dama con los ojos vendados, que no juzga según sean vistas las personas ante ella–.
No obstante, la incertidumbre y cuestionamiento ciudadano que se explicita, cada vez que se suceden esos fallos o sesgos judiciales; sin abandonar la indignación que provocan, la población deja saber su conformidad y hasta cierto punto, su beneplácito, cuando sin más disquisiciones que no fueren las de observar y aplicar la normativa vigente, se adoptan resoluciones diáfanas que reposicionan al máximo organismo jurisdiccional y generan tranquilidad e incluso esperanza a sus actuaciones, dictámenes, providencias y autos resolutorios.
La presencia de un juez probo, con trayectoria incuestionable, imparcialidad e integridad en la presidencia temporal o interina de la Corte Nacional, junto a otros jueces y conjueces de desempeños intachables, es garantía de varios principios fundamentales para proteger la independencia del poder judicial frente a influencias externas, y asegurar el buen funcionamiento del sistema judicial y la confianza pública en la justicia, al tiempo de fortalecer el liderazgo ético en la Corte que subraye el compromiso con el Estado de Derecho, donde todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, están sujetas a las leyes de manera igualitaria.
Pertinente entonces, desde este espacio, augurar éxitos a la gestión del presidente en ejercicio de la Función Judicial y abrigar optimismos porque en tiempo oportuno se integre totalmente el Pleno, se designen los jueces titulares y se introduzcan los ajustes indispensables para que la Función en su conjunto cumpla con los cometidos constitucionales que le son propios.
El mundo convulso que habitamos, no puede menos que requerir una mejora en el conglomerado jurisdiccional del país, al tiempo de exigir seguridad, transparencia, probidad y cumplimiento.
De este modo, interesante resulta constatar por igual que la integración del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de los temas administrativos, dígase: concursos, designación, seguimiento, evaluación, control y sanción de los servidores judiciales, también ha sido objeto de un ajuste e incorporación de nuevos miembros, quienes junto a los que aún permanecen en funciones serán responsables de llevar adelante los procesos de reclutamiento y concurso para llenar las vacantes de jueces y conjueces de la Corte Nacional entre otros servidores judiciales.
En lo dicho, reconociendo que hay zonas grises que necesitan disipar nubarrones, se advierten espacios de luz y buenas intenciones que son augurios de días mejores.
La justicia es un pilar fundamental de la democracia y por lo mismo, debe interesarnos a todos: cuidarla, protegerla y fortalecerla. (O)
