Audiencias aplicadas en ‘Caso Jaguar’ 

Las 14 personas que fueron detenidas durante los allanamientos ejecutados en Guayas, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Azuay, Santo Domingo de Tsáchilas Cotopaxi y Loja, la madrugada y mañana del 18 de abril del año en curso, mismos que son procesadas por la Fiscalía General del Estado. Todos serían integrantes de una estructura delictiva con nexos con cárteles extranjeros: se les formularon cargos por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. 

Procesados en Quito

En los allanamientos se incautaron dos vehículos, cinco armas de fuego entre pistolas, fusiles, una ametralladora, municiones de diferentes calibres, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y gran cantidad de dinero en efectivo.

La Jueza de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para el expolicía Olger O. y Jorge S., procesados como autores directos de la infracción penal.

Mientras que a Mónica S., Elizabeth G. y Shirley R. les dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) a cargo de la formulación de cargos presentó más de 30 elementos de convicción para sustentar el inicio de la instrucción fiscal contra los involucrados.

El origen de esta causa tiene como antecedente la instrucción fiscal abierta en Napo por el robo perpetrado en abril del 2022 a la ex Secretaría Técnica de Drogas de esa provincia, de donde se sustrajeron 2.350 kilos de clorhidrato de cocaína.

En ese contexto se abrió una investigación previa que permitió conocer que el propósito de este grupo estructurado no sería el de sustraer la sustancia estupefaciente antes señalada, sino recuperarla, porque pertenecería a esa organización.

Las pericias practicadas a varios teléfonos celulares permitieron extraer información relevante, por medio de la cual se estableció que los procesados eran parte de una estructura delictiva que tenía vínculos con organizaciones y carteles extranjeros, principalmente con Wilmer S. F., alias “Gato Farfán”, líder de una estructura delictiva transnacional que enviaba droga desde Ecuador hacia México para el Cartel de Sinaloa. 

El “Gato Farfán” también dirigía la estructura del cártel ‘Nueva Generación’ en Ecuador, que es como una filial del ‘Cartel de Jalisco’ en México.

A través de la investigación se determinó que la recuperación de la droga fue perpetrada por varios individuos que utilizaron una camioneta doble cabina, que portaban chompas similares a las que utiliza la Policía del eje Investigativo: abrieron las puertas e ingresaron un camión con placas falsas para sustraerse la sustancia sujeta a fiscalización que se encontraba almacenada en el lugar. Posteriormente, tres personas fueron detenidas durante de un operativo, entre ellas Juan Carlos O.

La investigación fiscal evidenció que los procesados y otras personas coordinaron y planificaron la recuperación de la droga.

El expolicía Olger O. habría ofrecido dádivas económicas para que el camión con droga no sea revisado por agentes policiales, mientras que los otros procesados habrían recibido dinero y colaborado en la compra de los automotores en Quito, mismos que luego fueron trasladados al Tena para recuperar la sustancia estupefaciente. 

El procesado Jorge S., primo de Juan Carlos O., esposo de Mónica S., habría recibido  la transferencia del dinero para la adquisición de los vehículos.

En cuanto a Shirley R., el Fiscal indicó que ella también habría receptado una parte del dinero en una heladería en Santo Domingo de los Tsáchilas. Posteriormente, los vehículos fueron ocultados en la propiedad de Elizabeth G.

Nueve de los detenidos durante los allanamientos ejecutados la madrugada del 18 de abril, también son procesados por presunta delincuencia organizada para tráfico de drogas en Guayaquil.

Fiscalía procesa este caso por el delito tipificado en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años de prisión. (I)