Celebramos logros ajenos
La participación de Carlos Polit en actos de corrupción, llevada a tribunales estadounidenses, es un caso de relevancia histórica, que sienta un precedente en la lucha contra la corrupción y debería dejar una enseñanza clara para los que ostentan cargos públicos o piensan acceder a ellos.
Todo se remonta a los años en los que Polit ocupaba oficios de importancia en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego, a partir de su primer nombramiento y posterior llegada a la Contraloría General del Estado, en 2007, el exfuncionario tuvo cerca de 10 años para desvanecer glosas a cambio de sobornos millonarios. En total, la oficina a su cargo aprobó 22.411 informes de auditoría. De estos documentos, apenas el 9,5% tenían indicios de responsabilidad penal. Después de su salida se conoció que el control era a medias y direccionado.
Polit, ahora declarado culpable en EEUU, dejó territorio ecuatoriano en mayo de 2017, para someterse a un tratamiento médico, pero no regresó y posiblemente no volverá. Los entendidos en estos procesos judiciales indican que podría pasar varias décadas en prisión. Concretamente, fue declarado culpable de sobornos a cambio de favorecer a ciertas empresas, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y abuso de poder. Las pruebas y los testimonios fueron contundentes, al igual que el silencio del acusado.
La corrupción en el Ecuador parece no tener límites y genera cada vez mayor desconfianza en las instituciones del Estado. Los actos ilegales y los casos de corrupción asociados a Polit y sus allegados políticos minan la credibilidad de las instituciones encargadas de salvaguardar el bienestar de la sociedad. Cuando la contraloría deja de controlar, se pierde la fe, no solo en los funcionarios públicos, sino en el sistema general con el que funciona la sociedad y esto da como resultado un sentimiento de desesperanza y frustración en perjuicio de la democracia.
Por eso, es crucial establecer estrategias efectivas que puedan prevenir y erradicar este flagelo, dentro de un país en el que hay tantas carencias económicas y éticas. Urge la recomposición institucional para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos de control y justicia. De modo que no tengamos que celebrar con júbilo que otro país haga justicia sobre actos de corrupción cometidos en el nuestro y por lograr lo que la justicia local no pudo: poner al corrupto entre rejas y hacer que devuelva lo adquirido de forma ilegal. (O)
