Ventajas ocultas
Ecuador, país donde los recursos económicos son cada vez más escasos, mantiene contratos colectivos con beneficios, en realidad, sorprendentes.
Es el caso, por citar un ejemplo, del bono por la falta de guarderías infantiles. Probablemente, para el Estado sería más barato implementar este servicio en las empresas públicas. Hasta se podrían generar fuentes de trabajo.
La contratación colectiva permite que, ante la carencia de lugares destinados al cuidado de los hijos de los trabajadores de las empresas e instituciones públicas, los empleados reciban un bono equivalente a un salario básico (USD 460) por cada infante. Esto significa que, teniendo tres hijos, el bono sería cercano a los 1.400 dólares por mes. Sin duda, a un número significativo de ecuatorianos le bastaría este bono, no el sueldo, para salir de sus apuros económicos.
Los contratos colectivos se definen como acuerdos entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores, con el fin de establecer las condiciones o bases para proteger a todos los empleados de una institución o empresa y su situación laboral. Indiscutiblemente, este derecho es legítimo.
Pero, en nuestro país, plagado por actos de corrupción disfrazados de viveza criolla, es decir, de un ingenio miope, zigzagueante, tramposo y de carencia moral, la contratación colectiva sirve para defender el beneficio desmedido de algunos grupos específicos, en perjuicio del Estado y de la mayoría de ciudadanos, que al final terminan pagando las prebendas de los acuerdos entre los dirigentes gremiales y las autoridades de turno.
El gobierno, en campaña anticipada para la reelección, pide mirar con lupa este hecho. Por tal motivo, el Ministerio de Trabajo solicita revisar los contratos colectivos del sector público debido a sospechas de irregularidades o abusos. Un ejemplo emblemático sería la Corporación Nacional de Electricidad, cuyo sueldo de sus trabajadores oscila entre 5.072 y 13.171 dólares, gracias a los logros del contrato colectivo. Incluso, reciben subvenciones que llegan al 100% de su sueldo o superan este monto. En otras palabras, obtienen un ingreso superior al del presidente de la república, cosa que está impedida por la ley.
No es la primera ocasión que se cuestionan los sueldos dorados y los contratos colectivos del sector público. Tampoco es la primera vez que nos queda duda sobre la efectividad de los controles que se intentan realizar. Ojalá, no sea un anuncio más de campaña. (O)
