Inaceptable e incomprensible
La cantidad de candidatos a próximas elecciones es inaceptable e incomprensible. Aunque es legal, no es ético participar sabiendo que la victoria resulta poco probable. En comparación con naciones como EEUU, donde hay dos candidatos a la presidencia o España, donde participan tres o cuatro aspirantes, en nuestro país hay 17 postulantes a la primera magistratura para el 2025.
Las diversas formas en que las personas pueden participar en el proceso político, como postularse para un cargo, son actividades altruistas, que no deberían mezclarse con actos de demagogia. No obstante, el reglamento para la inscripción y calificación de candidaturas de elección popular exige que los postulantes a la presidencia y vicepresidencia de la república deben ser ecuatorianos por nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad en la fecha de inscripción de su candidatura, estar en posesión de los derechos políticos y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades mencionadas en el reglamento. Debido a la flexibilidad de los requisitos, la amplitud de las candidaturas es obvia.
Los requisitos para ser candidatos a dignidades elegidas popularmente deberían incluir otros factores. Sin embargo, nadie plantea modificaciones significativas en la Constitución o en las leyes electorales. Parece que la situación actual resulta ventajosa para muchos grupos de la élite política. Por mencionar un par de ejemplos de cambios necesarios. Los partidos o movimientos deberían tener una trayectoria razonable antes de postular candidatos y no fundarse la víspera de las elecciones. Los candidatos deberían tener un tiempo de militancia para evitar la compra de camisetas de última hora y la venta de puestos de las agrupaciones políticas a personas que buscan pescar a río revuelto.
En un país con recursos limitados, incurrir en gastos innecesarios en las elecciones es una vergüenza en comparación con la pobreza de millones de ecuatorianos. El fondo de promoción electoral para los comicios de 2025 ascendería a 13,76 millones de dólares. Los candidatos, incluso aquellos que no tienen posibilidad alguna de ganar, obtienen este dinero fácil para difundir su imagen. Es posible que la mayoría de los votantes responda negativamente si se les preguntara si están de acuerdo en que el Estado entregue estos recursos. Pero, tampoco hay interés de la clase política en implementar reformas de esta naturaleza. (O)
