Unos sí, otros no
Al asumir el cargo de presidente el 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa adelantó los detalles para la edificación de prisiones de alta seguridad. Estas debían llevarse a cabo siguiendo el estilo Bukele, presidente de El Salvador. La noticia generó algo de optimismo entre los ecuatorianos.
La promesa de campaña tardó en materializarse. En enero de 2024, en el marco del llamado Plan Fénix, se anunció el saneamiento del sistema penitenciario y el modelo de las cárceles que se construirían en la Costa y Amazonía. Estas acciones, según el gobierno, estaban enfocadas en el control del terrorismo y del crimen organizado.
La primera cárcel, situada en la localidad de Santa Elena, comenzó su edificación el 21 de junio pasado casi sin contratiempos. No así la segunda. Apenas el proyecto fue revelado, los habitantes de Archidona, en conjunto con el resto de la provincia de Napo, iniciaron su resistencia y protesta. Al inicio pacífica, posteriormente violenta.
Las comunidades amazónicas se resistieron todo el tiempo, sosteniendo que no se les habría consultado y que este proyecto generaría problemas sociales relacionados con la ola de inseguridad que vive el país. Tras dos semanas de protesta, a pesar que el gobierno nacional intentó ejercer presión con la movilización de las fuerzas armadas para contrarrestar a los manifestantes, resultó sorprendente que el primer mandatario retroceda en su intención y anuncie que la cárcel se edificará en la Costa. Frente a los hechos, surge la interrogante de por qué esperar desmanes por tanto tiempo para luego dar marcha atrás.
Al contrario de lo ocurrido en la Amazonía, el alcalde de Salinas estaría preparado para recibir la cárcel que Archidona rechazó. Según su criterio, el proceso de contratación de obras es crucial y representa progreso y oportunidades laborales. Además, el funcionario considera que este cantón tendría el espacio físico y exhortó al Ejecutivo a continuar con el proyecto. Otros cantones de la Costa también estarían interesados en albergar la obra.
Existen infraestructuras que nadie desea tener cerca debido a sus riesgos o posibles consecuencias perjudiciales. Pero, en algún lugar deben funcionar, procurando no deteriorar la vida de los colindantes. Lo que unos rechazan, otros están dispuestos a recibir. Habría sido menos complicado si se hubiese realizado una consulta previa a los ciudadanos. Estos hechos deberían ser una muestra para que el gobierno planifique mejor.
