El legado de dos juristas

Han partido de este mundo dos notables juristas ecuatorianos, los doctores Ernesto
Albán Gómez y Raúl Ilaquiche, cumbres jurídicas del derecho penal y del derecho
constitucional indígena. Desde la ciencia jurídica entregaron valiosas contribuciones
bibliográficas, mientras desde el derecho práctico alumbraron soluciones originales a
complicados problemas legales.
En la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando ingresé a la Facultad de
Jurisprudencia de la PUCE, por aquel entonces una de las de mayor prestigio en el país,
Ernesto Albán era el decano y el principal profesor de derecho penal. Durante cuatro
semestres consecutivos fui su alumno. Las clases comenzaban, los cinco días de la
semana, a las 7:00 horas en punto y terminaban a las 7:50 horas, con el penalista
deleitando a los estudiantes con anécdotas y profundas reflexiones sobre temas tan
interesantes como la legítima defensa y el hurto famélico, entre otros. Combinaba la
cátedra y la decanatura con las funciones de Ministro de Educación. Fue un privilegio
haber tenido como docente a un personaje de ese nivel, que, además, era un literato
consagrado, con obras publicadas de teatro y cuento. A finales de la década de los
años noventa del siglo XX integró la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia, junto con
otro jurista, también mi maestro, Santiago Andrade Ubidia. Hasta ahora sus fallos
orientan la práctica del derecho en materia de responsabilidad civil extracontractual.
Cuando presidió la Universidad Andina Simón Bolívar tuve la oportunidad de tratarlo
nuevamente, como colega. En un viaje a Oxford me deslumbró con su erudición de la
historia antigua, medieval y moderna, al igual que lo hizo Santiago Andrade, otro de los
viajeros. Era un conversador vital e ingenioso. Descubrí que en la ópera y en el ajedrez
se recreaba diariamente como especialista de ese género musical creado por
Monteverdi y como ajedrecista.
Cursos de maestría en algunas universidades compartimos con Raúl Ilaquiche, en
calidad de docentes. Largos y productivos encuentros mantuvimos para discutir la
dinámica del Estado plurinacional. El derecho constitucional indígena era su
especialidad. Estaba entre aquellos que, en la Constitución de 1998, incorporaron los
derechos colectivos al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Conocía, con precisión, los
alcances de la jurisprudencia constitucional en materia de derecho indígena. En la
práctica profesional, desde su oficina de Latacunga, contribuía a la solución de casos,
sin necesidad de provocar innecesarios conflictos alrededor del derecho indígena.
No fueron simplemente abogados sino juristas en toda la extensión de la palabra. Su
legado está en sus libros y ensayos y en las conversaciones sin registro con quienes
tuvimos la fortuna de escucharlos.