A la cárcel 4 deberían hacerle plataforma gubernamental / Hernán Marcelo Guerrero

El caso que involucra al Contralor Pablo Celi, por un supuesto desvanecimiento de millonarias glosas a favor de empresas trasnacionales, denota que la corrupción continuó en la época del morenismo. Recordemos que Celi, que asumió de forma cuestionada el cargo de Contralor luego de la fuga del Contralor titular Carlos Polit, procesado también por corrupción, fue reconocido en esa función por el Gobierno de Moreno con la intención de que se convierta en el adalid de la indagación de casos de corrupción denunciados en contra del régimen correísta.

Sin embargo, Celi prevalido de los apoyos políticos obtenidos (entre otros del CPCCS, presidido por Julio César Trujillo) terminaría convirtiéndose en un funcionario que abusaría de su poder para, a cambio de presumibles coimas jugosas, favorecer con el desvanecimiento de glosas a empresas trasnacionales y perjudicar al Estado en cientos de millones de dólares. El Contralor, que es el encargado del control del buen uso de los recursos públicos, terminaría presumiblemente convirtiéndose más bien en el encargado de organizar el mal uso de esos recursos, con una corrupción descontrolada y, además, sin ningún control y fiscalización por parte de los órganos del Estado a cargo de este. En este escenario no sorprendería el que cobre más fuerza la tesis de que el incendio del edifico de la Contraloría, ocurrido en el marco de las protestas sociales de octubre de 2019, haya sido organizado desde dentro de esa misma institución del Estado; una tesis que se vería avalada con las afirmaciones que en este sentido hiciera la ex Contralora encargada y, sobre todo, con lo que acaba de afirmar el Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, en el sentido de que dicho incendio habría sido provocado por una «estructura criminal» organizada en la Contraloría para quemar miles de glosas. De ser así, se trataría de una estructura que presumiblemente tendría nexos con altos funcionarios del Gobierno anterior, con personal de otras funciones del Estado y con «ciudadanos ilustres»; términos estos usados por la Fiscal Diana Salazar para referirse a quienes serían los que le habrían presionado para que revise las medidas dispuestas al procesado Contralor y que este desde la cárcel 4 siga despachando, es algo ya de Ripley igual sucede con el defensor del pueblo esto sí que ya es colmo.