Acrósticos y canibalismo público
El canibalismo púbico ha sido uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los pueblos. A pesar de que la historia demuestra que la inestabilidad y la falta de gobernabilidad solo agravan los problemas en lugar de solucionarlos, parece que una nueva crisis se ha desatado, impulsada por la proximidad de la segunda vuelta electoral.
El derecho a discernir y disentir en un país democrático debe ejercerse dentro de los márgenes del respeto y la convivencia pacífica. La oposición política es legítima siempre que se realice con transparencia. Sin embargo, es preocupante cuando ciertos sectores buscan cualquier pretexto para deshonrarse mutuamente, priorizando sus intereses personales sobre los de la ciudadanía. En medio de estas disputas, algunos intentan obtener beneficios sin considerar las consecuencias que la sociedad debe soportar. Se ha perdido el valor de la honra y el respeto hacia el otro, permitiendo que la banalidad domine el discurso y se utilicen las palabras como armas para herir, generando espectáculos ofensivos y discriminatorios.
El deterioro moral se evidencia cuando se recurre al canibalismo público para atacar al adversario. Casos recientes reflejan esta tendencia: una alta autoridad provincial fue obligada a ofrecer disculpas públicas por orden del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aunque recurrió a un acróstico para evadir el mandato; una jueza descubrió que una placa conmemorativa tenía un texto ilegible y diferente al ordenado, lo que llevó a declarar el incumplimiento del fallo por parte del Ministerio de Trabajo en relación con la vicepresidenta Abad; un partido político utilizó imágenes de niños y adolescentes de las Malvinas con fines proselitistas; el gobierno minimizó la gravedad de la tortura y desaparición forzada de cuatro menores a manos de militares, en lugar de asumir responsabilidades, optando por criminalizarlos; la Comisión de Fiscalización de la Asamblea citó a delincuentes de cuello blanco como testigos en contra de la fiscal Salazar; el presidente incumplió la Constitución al no solicitar licencia para su campaña; un gran número de políticos se postularon a la Asamblea con el fin de evadir la justicia, una alcaldesa de nacionalidad indígena es presa de racismo al recibir epítetos como “la señora del sombrero o del anaco” argumentando razones que desde lo biológico, justifican la exclusión del otro y favoreciendo situaciones de diferenciación social, la Corte Constitucional impone a Mineduc a desarrollar protocolos de acompañamiento a menores LGBT.
Enfrentamos una delincuencia organizada implacable y una crisis económica que convierte el acceso al empleo en un privilegio. Sin embargo, también padecemos un canibalismo público entre dos fuerzas políticas que se enfrentarán próximamente. La historia del país no puede seguir marcada por estas prácticas destructivas. Existen problemas complejos y urgentes que requieren atención, pero nuestra clase política sigue actuando como si estuviera en un juego infantil, jugando quien es el más ético. Es momento de poner fin a esta dinámica y priorizar el bienestar de la nación. (O)
