Ad honórem sin honórem/ Fabricio Dávila Espinoza
Ad honórem, quiere decir literalmente: “para honor”; es una locución adjetiva, usada para referirse a un cargo meramente honorífico y de forma adverbial, se emplea con el fin de designar un servicio sin retribución, es decir, solamente por la honra.
Además de la cartera de ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, etc. de Estado, el presidente Guillermo Lasso, desde el inicio de su gestión buscó asesoría externa, para recibir opiniones en temas estratégicos. Así nació su séquito de consejeros ad honorem.
Al término del primer año del gobierno del encuentro existe varios cuestionamientos sobre este tema. Los consejeros presidenciales sin sueldo han cobrado protagonismo las últimas semanas, debido a su evidente influencia en varias decisiones tomadas por el Ejecutivo y algunos señalamientos en posibles casos de corrupción. No son funcionarios ni servidores públicos, sino personas de “buena voluntad”, aconsejando al gobierno; no aparecen en la nómina de los servidores del Estado y, por tanto, no tienen obligación de rendir cuentas, aunque sus actuaciones influyen directamente en el destino de la nación.
Las asesorías ad honorem no están contempladas por la Ley Orgánica de Servicio Público. A priori, se trata de una práctica altruista, que los ecuatorianos deberíamos aplaudir, al tratarse de un trabajo gratuito en favor del Estado. Sin embargo, nadie o muy pocos ciudadanos están dispuestos a donar su tiempo y conocimientos sin esperar algo a cambio. Aparentemente, el Estado ahorra recursos, pero lo barato, siempre sale caro.
En el cuerpo de los ad honoren figuran, por ejemplo, Aparicio Caicedo, encargado de orientar políticamente al presidente y realizar recomendaciones sobre el plan de Gobierno. Pero, hoy aparece en audios filtrados amenazando a Raúl González, para que renuncie a la Superintendencia de Bancos. También es ad honorem, Juan José Pons, responsable de recomendar acciones para la protección del sector bananero. Ahora está investigado, junto a su hijo, por presunta corrupción en las aduanas.
Estos escándalos obligaron al Ejecutivo a tomar decisiones apresuradas, como el Decreto Ejecutivo 524, retirando la palabra ad honorem del nombramiento de Aparicio Caicedo. Sin embargo, esta decisión no trae paz al palacio de gobierno.
Por ahora, dos ad honorem están salpicados por presunta corrupción y su “honorem” empieza a transitar por la cuerda floja. La situación del país no admite experimentos en la función pública. Los asesores o consejeros deberían ser funcionarios remunerados, con responsabilidad ética, política, civil y penal de sus actos.
