Aplican celeridad en procesos judiciales
Los juristas analizaron los problemas institucionales a fin de entregar celeridad en los procesos. (Foto cortesía)
Brindar seguridad jurídica a los usuarios y mantener celeridad en los procesos son las alternativas con las que trabajan los integrantes de la Mesa de Coordinación Provincial de la Función Judicial.
Paúl Ocaña, presidente de la Corte Provincial de Justicia, indicó que la cita se cumplió para discutir sobre las prácticas jurisdiccionales de modo que se pueda no solo dar seguridad jurídica a los usuarios, sino también generar la celeridad oportuna que requieren las controversias que presentan los ciudadanos.
El delegado provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, Mauricio Pangol, manifestó que la implementación de la mesa permite el diálogo y análisis de varios temas de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción.
“Con la unificación de criterios y las respuestas que se dan tanto en consenso como en compromisos, permite mayor agilidad a los trámites de los ciudadanos”, destacó.
Evidenciaron problemas de carácter jurisdiccional y operativo en el encuentro, por lo que se solicitó que los jueces de la Corte Provincial, especialmente de las Salas de Familia y Civil definir soluciones frente a la elevación de los expedientes cuando hay problemas de competencia negativa; es decir, cuando ninguno de los juzgadores estima que deben conocer las causas, porque se consideran con falta de competencia.
Se ha pedido que la Corte Provincial se pronuncie al respecto y en los próximos días se generarán las reuniones pertinentes.
“Debemos hacer algunos ajustes al ingresar los procesos para que no se creen nuevos números de causas, para evitar las excusas o en su defecto las inhibiciones, seguir los nuevos parámetros que ha planteado la ley”, señaló Lucila Yánez, jueza de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua.
El presidente del Colegio de Notarios, Freddy Ramos, solicitó el análisis del tema de los desahucios en casos de compra – venta de los bienes inmuebles ubicados en el sector rural, que tiene su marco jurídico ordinario normativo en el Código Civil y hay una problemática en esa interpretación, ya en cuanto a la práctica misma jurisdiccional. En tres meses se analizarán los avances alcanzados en los temas tratados. (I)
