Caso Liga2
El reciente escándalo conocido como el “Caso Liga2” ha sacudido los cimientos de la institucionalidad en Ecuador, poniendo en tela de juicio la integridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este organismo, concebido para fortalecer la democracia y garantizar la participación ciudadana en la designación de autoridades, se encuentra ahora en el ojo del huracán debido a presuntas maniobras para controlar diversas funciones del Estado.
La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación por presunta asociación ilícita contra tres exconsejeros del CPCCS —Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor— y una consejera en funciones, Nicole Bonifaz. Según las autoridades, se habrían encontrado evidencias que revelan la planificación de estrategias por parte del movimiento político Revolución Ciudadana, para influir en la designación de autoridades clave, con el objetivo de controlar la institucionalidad del país.
El presidente Daniel Noboa se ha pronunciado al respecto, manifestando su preocupación por lo que considera intentos de controlar varios poderes del Estado. Según Noboa, los chats encontrados en el celular de Verduga evidencian conspiraciones y delitos que buscan manipular la estructura estatal.
La situación actual exige una profunda reflexión sobre el papel del CPCCS en la estructura del Estado ecuatoriano. Es imperativo evaluar si este organismo, tal como está concebido, contribuye efectivamente al fortalecimiento de la democracia o si, por el contrario, se ha convertido en un instrumento para la manipulación política.
La confianza de la ciudadanía en las instituciones es fundamental para el funcionamiento de una democracia saludable. Cuando organismos como el CPCCS se ven envueltos en escándalos de esta magnitud, la credibilidad del sistema entero se ve comprometida. Es momento de considerar reformas estructurales que garanticen la transparencia y la independencia de las instituciones encargadas de velar por el bienestar común.
El “Caso Liga2” debe servir como una llamada de atención para revisar y, de ser necesario, reestructurar las entidades que conforman nuestro aparato estatal. Solo así podremos asegurar que las instituciones públicas estén verdaderamente al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares o partidistas. (O)
