Cerco judicial / Editorial

Se complica cada vez más la situación judicial del expresidente Rafael Correa. Con la decisión de la Fiscalía de continuar investigaciones por los presuntos nexos entre su campaña presidencial en el 2006 y la narcoguerrilla de las FARC por los supuestos aportes económicos, se configura un revés más en su contra.

Sigue en investigación su presunta responsabilidad en las decisiones tomadas respecto de la deuda pública del Ecuador, en donde emitió decretos que cambiaron la configuración de la misma, y poco a poco su entorno más cercano va cayendo por diversas vías. Su hombre de máxima confianza, por lo demás, sigue preso y sin expectativas de salir libre.

Hay confusión, sin embargo, ya que una investigación que se desarrolle con relación a los nexos y aportes de la FARC a la campaña presidencial desde el 2006 involucraría necesariamente a funcionarios que desempeñan actualmente cargos públicos al más alto nivel, incluso al actual presidente, antes vicepresidente desde el 2006 hasta el 2013.

¿Qué pasaría si se encuentran cosas que no favorecen a los actuales funcionarios? ¿Qué seriedad y contundencia puede tener una investigación así en las actuales circunstancias? El tiempo lo dirá. En todo caso, los ecuatorianos esperan respuestas y verdades a estas denuncias desde el 2006. (O)