Consulta Popular, Consejo de Participación / Editorial

El pueblo ecuatoriano, en el mes de febrero, se pronunció, en forma libre, espontánea y definitiva, porque se logre reinstitucionalizar a Ecuador que, en forma lamentable, sufrió el impacto de un gobierno abusivo, autoritario y prepotente que destruyó, sistemáticamente, las Instituciones con el propósito de someterlas a su control total.

El Consejo de Participación Interino, nombrado en conformidad con el mandato popular e integrado por personas honestas, de limpios antecedentes, capaces y patriotas, se encuentra en plena actividad positiva y constructiva, realizando la evaluación de los funcionarios sometidos a esta prueba. Nadie puede negarse a cumplir esta disposición.

Algunos funcionarios, por si mismos o por terceras personas, pretenden desconocer las funciones del Consejo de Participación y han formulado demandas ante autoridades que serán sometidas a evaluación. Ni el amparo judicial dictado por un juez desconocido ni el dictamen que pudiera dictar la Corte Constitucional pueden tener validez jurídica ni moral.

La Constitución determina que los resultados de la consulta popular son de cumplimiento obligatorio, están por sobre la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional o de cualquiera otra Autoridad. De manera que todos estos intentos desestabilizadores son disparos al aire sin consecuencia alguna.
El Consejo de Participación Interino, revestido de total legalidad, goza del respaldo ciudadano. Hacen mal aquellas personas que, por intereses personales o políticos, pretenden mantener el estatuto de los últimos diez años. Los nefastos tiempos de la década perdida no deben volver jamás. (O)