Contraloría sin control / Fabricio Dávila Espinoza
El contralor general en funciones, Pablo Celi, fue detenido el pasado 13 de abril por presunta corrupción. Inicia un nuevo capítulo de telenovela, donde el protagonista, que por naturaleza debería ser un paladín del buen uso de los recursos del Estado, al contrario, sería el líder de una banda de posibles delincuentes.
La Constitución, señala, en el artículo 211, que la Contraloría General es un organismo técnico, encargado de controlar el uso adecuado de los recursos públicos. Esta entidad tiene dos funciones esenciales. Primero, dirigir el sistema de control administrativo, que se compone de auditoría interna, auditoría externa y control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. Segundo, determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos sujetos a su control. De ser cierta la sospecha de la Fiscalía, estas funciones habrían sido pisoteadas por sus propios custodios o como dice el lenguaje cotidiano, el ratón habría sido el guardián del queso.
La Fiscalía ejecutó órdenes de detención en contra del contralor en el marco de una investigación que se realiza desde junio de 2019, por presunta delincuencia organizada. La propia Diana Salazar, fiscal general, lideró los allanamientos, que horas más tarde, dieron paso al juez Felipe Córdova, quien determinó la prisión preventiva de Celi y José Briones, exsecretario del Presidente de la república. Aunque desde el gobierno, el licenciado Moreno, no mete las manos al fuego por nadie, a decir de algunos clarividentes, la investigación podría traer sorpresas. Ojalá los actuales funcionarios no abandonen el territorio ecuatoriano de forma sospechosamente anticipada.
Pablo Celi se convirtió en el segundo contralor de los últimos catorce años, después que su predecesor, Carlos Pólit, fue sentenciado por concusión, dentro de la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Pólit, en funciones durante todo el gobierno de Rafael Correa, fue reelegido en el 2017, pero en junio de ese mismo año huyó a Miami. Celi, que era el subrogante asumió la titularidad en medio de forcejeos con subordinados que le pidieron firmar un documento con su renuncia. Talvez ahora sea más fácil entender la razón por la que se aferró tanto al puesto.
Tendremos que esperar el desenlace de este caso para saber si la Fiscalía formula cargos. Lo curioso es que el funcionario detenido podría continuar como contralor, aunque sea con grillete electrónico. No sería novedad, parece que esta es la última moda en prendas de vestir entre algunos funcionarios públicos. (O)
