Corrupción sin tregua / Fabricio Dávila Espinoza
El 7 de septiembre, el Tribunal de Casación de Ecuador negó el recurso de casación en el Caso Sobornos 2012-2016. Con esto, la Fiscalía celebra su triunfo, un sector de la ciudadanía aplaude la sentencia y los socialistas del siglo XXI que aún quedan, no dejan de lamentarse.
El expresidente Correa fue acusado de liderar una estructura criminal para captar aportes ilegales de empresarios a cambio de contratos con el Estado. Tras el último dictamen él y los demás sentenciados deberían ir a prisión, devolver los recursos, pedir disculpas, realizar cursos de ética, colocar una placa recordatoria del delito y quedarían impedidos de ejercer cargos públicos. La última pena tal vez sea la única que se cumpla.
Sobornos 2012-2016, de cara a todos los casos pendientes, es una gota de agua en el desierto. No hay que celebrar, mucho menos, cuando la mayoría de implicados están en paradero desconocido y cuando no deja de aparecer más podredumbre por todos lados.
La acusación de moda envuelve esta vez al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol); la denunciante es la Ministra del Interior; el monto del perjuicio sumaría 500 millones de dólares aproximadamente, poco menos de los 643 millones de dólares que entregó el FMI como crédito para la emergencia sanitaria y la fecha del atraco oscilaría entre el 2014 y el 2016.
Según Romo, «se trata de un mecanismo de estafa en el que han participado públicos y privados”, donde la corrupción tendría varios niveles. Primero, los funcionarios del ISSPOL, civiles y policiales, que autorizaron las transacciones. Segundo, el mercado de valores, que se ofreció como contraparte de las operaciones. Tercero, las autoridades de control, entre ellas las superintendencias de Compañías y Bancos, que no controlaron nada. Cuarto, los funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Interior y la Policía Nacional, en este período.
La denunciante afirma que se trata de una estafa sofisticada y que su labor es convertir la denuncia en un hecho mediático. El resto de la obra le pertenece a la Fiscalía General. Después tantos años, de los 500 millones no quedará mucho y los posibles responsables, sobre los que no pesa ninguna medida, tendrán vía libre para escapar de la justicia. Posiblemente, este sea un nuevo distractor para que se olvide casos pendientes. (O)
