Discriminación racial en GAD Ambato  

Columnistas, Opinión

Lamento comunicar a la ciudadanía, que la administración actual de la Municipalidad de Ambato a través de sus estamentos como la Dirección de Desarrollo Social y la Secretaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, siguen empeñados en vulnerar los derechos de 232 niños y adolescentes que estudian en Ambato, funcionarios que quieren seguir siendo parte de las  inequidades históricas que, profundizadas por el racismo sistémico y  estructural que todavía está latente a nivel del Estado, sigan  obstaculizando e impidiendo  que estos chicos  reciban  sus incentivos escolares del año lectivo 2023-2024, cuya Ordenanza de Promoción, Protección y Restitución de Derechos de las Personas Afroecuatorianas del Cantón Ambato, promulgada en el registro oficial, especialmente en su Art. 9 sobre los “incentivos escolares”, como una conquista de afrodescendientes  que residen en Ambato, medidas efectivas para equilibrar situaciones de inequidad, superar las circunstancias de dominación y resarcir en algo, las  condiciones de explotación que recayó con sus padres, nos quieren negar derechos básicos de una educación de calidad, utilizando el poder del Estado para imponer la segregación y la desigualdad en la práctica.

El Ministerio de Educación a través de sus distritos, hicieron llegar el listado de 232 estudiantes que se autodefinen como afrodescendientes, pero esta administración se “inventa” un reglamento que sólo  recibirían los estudiantes con vulnerabilidad 2 (enfermedad catastrófica, pobreza extrema, movilidad o vive sola); con este reglamento absurdo recibirían sólo 13 estudiantes; la ciudadanía debe conocer que el 80 % de afrodescendientes que residen en Ambato viven en pobreza y pobreza extrema, y apenas el 20 % están en el rango de la clase media,   viven en situación de riesgo socio económico y son del grupo de atención prioritaria, por eso se luchó y se logró este marco Legal Constitucional, cuyo proceso inició con éxito desde la administración del Ing. Luis Amoroso y el Ab. Javier Altamirano, en cuyas administraciones se realizó muchas actividades de inclusión y participación.

La obligación del GADMA, es aplicar lo que dice la Ordenanza para no vulnerar nuevamente la entrega de los incentivos educativos, tomen medidas de reparación y de reconocimiento como un eje estratégico del movimiento global afrodescendiente, las acciones afirmativas, es una guía que la diáspora africana busca justicia y derechos humanos para todos los ciudadanos que históricamente han sido explotados. Con la restitución de derechos se rompe así el paradigma racista en cuanto éste opera como sistema de poder y dominación. Señores Concejales, es su obligación fiscalizar este nuevo atropello. 

A pesar de los avances en la lucha contra la discriminación racial, aún existen desafíos importantes, por lo que resulta crucial continuar trabajando hacia una sociedad más justa y equitativa, que puedan conducir a horizontes lo más liberadores posibles del racismo, uno de los más agresivos sistemas estructurales de deshumanización e inferiorización en la historia de nuestra especie y que está lejos de llegar a su fin. (O)

cifam62@yahoo.es

Deja una respuesta