DIVULGACIONES, DIVAS Y URGENCIA ELECTORAL
La abundante información que por distintas vías da cuenta de los acontecimientos relacionados con los procesos investigativos iniciados por la fiscalía y, sobre todo, las especiales citas, indicios, señalamientos, acusaciones, advertencias y descubrimientos que -en boca- de indiciados y testigos protegidos se suceden como en cascada, nos deja advertir una suerte de embalse represado que va soltando poco a poco el lodo acumulado, sin descartar que se produzca un aluvión de impredecibles consecuencias.
En efecto, cuando se habla de una justicia infiltrada por el narcotráfico, es de entender que se refiere a una situación donde el sistema judicial está bajo la influencia o control de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Y siendo así, lo más probable es que nos encontremos con casos de impunidad en donde los delincuentes no son debidamente procesados o condenados, porque jueces y fiscales están comprometidos o han sido amenazados por el narcotráfico.
O simplemente -como bien podría estar aconteciendo- ser señalados con malicia y premeditación, por los mismos sujetos apresados y en investigación, incluidas divas, farándula y política, para cambiar el foco de atención, proteger y facilitar sus propias operaciones y alcanzar cierto tipo de favor o trato preferente por algún medio poco ortodoxo.
Entonces podemos apreciar cómo la corrupción puede extender sus tentáculos a diferentes niveles del sistema judicial, afectando la transparencia y la justicia en la toma de decisiones. Y no sólo eso, sino también, evidenciar cómo ese accionar abona a que la percepción de la justicia se deteriore entre la población, lo que puede llevar a una menor cooperación con las autoridades y a un debilitamiento del tejido social.
Al final, de eso precisamente se trata. De afectar la credibilidad de las autoridades y consolidar un espacio nebuloso en donde las organizaciones narcodelictivas puedan sentirse empoderadas para actuar con mayor impunidad, derivando en un aumento de la violencia y la inseguridad.
Más aún, estando tan cerca el referendo y consulta popular dirigidos a lograr el pronunciamiento mayoritario de la ciudadanía para resolver temas tan álgidos como permitir la intervención de fuerzas armadas en apoyo a la policía nacional en el control y lucha contra el crimen organizado; y, autorizar -entre otros- la extradición de personas; el establecimiento de judicaturas especializadas; el arbitraje internacional; el contrato de trabajo fijo y por horas; el control de armas, municiones y explosivos; el incremento de penas para delitos de terrorismo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro, tráfico de armas, lavado de activos; y, asegurar que se cumpla con la totalidad de la penas impuestas, entre los asuntos abordados en las preguntas que serán sometidas a consideración de la población ecuatoriana.
