Consulta Popular / Editorial

El Presidente de la República ha ejercido su atribución constitucional de convocar a una consulta popular para preguntar a los ecuatorianos respecto a temas de seguridad, institucionalidad y cuidado del medio ambiente. La Corte Constitucional deberá dictaminar sobre la constitucionalidad de las ocho preguntas propuestas por el poder ejecutivo.

Con buen criterio, esta consulta está planificada para que se realice conjuntamente con las elecciones seccionales en febrero del próximo año, por lo que la ciudadanía tendrá el tiempo suficiente para enterarse del alcance e implicaciones constitucionales y legales de las respectivas preguntas y sus voluminosos anexos.  

Entre los temas a destacar se tendrá la oportunidad de decidir si queremos que las Fuerzas Armadas coadyuven en la desigual lucha contra la delincuencia e inseguridad ciudadana, así como la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado. 

En cualquier caso, cualquiera que sea el resultado de la consulta, está claro que, si no existen los recursos necesarios y el personal suficiente y capacitado, no tendremos resultados positivos en materia de seguridad.  En cuanto a la institucionalidad se destaca la pregunta de la reducción del número de asambleístas que, al parecer, es  un tema en la que la mayoría de los ecuatorianos está de acuerdo; no obstante, lo realmente importante es que las personas que elijamos como nuestros representantes a la Asamblea sean ciudadanos preparados y éticamente impolutos.  (O)