Reglas claras / Editorial

Ha causado conmoción en la opinión pública que la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo haya sentenciado a 13 años de prisión al policía Santiago Olmedo Gordillo por el delito de extralimitación de uso de la fuerza, que terminó con la muerte de un delincuente que, con pistola en mano, asaltó a un ciudadano en la ciudad de Riobamba.

Seguramente el fiscal que llevó el caso tenía las pruebas materiales y testimoniales para acusar  y solicitar la pena de privación de libertad y los jueces que impusieron la sentencia, seguramente también valoraron las pruebas de cargo y descargo, y sobre la base de la  imparcialidad, sentido de la justicia y conocimiento de la ley llegaron  al fallo condenatorio.  No obstante de conformidad con lo determinado en la Constitución de la República la Policía Nacional tiene la misión, y por tanto el deber, de  atender la seguridad ciudadana, el orden público,  proteger el libre ejercicio  de los derechos de los ciudadanos.

Es evidente que uno de los principales problemas que afrontamos los ecuatorianos como sociedad es el auge de la delincuencia, tanto la organizada como la común, y que la Policía Nacional  debe tener los medios materiales y técnicos para prevenir y combatir el delito, pero también los medios legales, que consagrados en la Constitución deben plasmarse en las leyes respectivas. En este sentido, el país espera que con la   aprobación de Ley para el Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza, la sociedad cuente con una Policía técnicamente preparada para combatir la delincuencia, pero también con reglas claras para cumplir su misión constitucional. (O)