Vías constitucionales / Editorial

El país discute estos momentos las reformas o cambios constitucionales que se deberían realizar para modificar las funciones o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya no se trata únicamente del proyecto de reforma presentado por un asambleísta sino de voces en la sociedad civil y hasta de una iniciativa para recoger firmas y proponer una Consulta Popular.

Pocos quieren que el Consejo, que recién se conformará con las nuevas autoridades elegidas, se mantenga como está. Muchos quieren quitarle las facultades de elegir y designar a autoridades como el Procurador, Contralor, Corte Constitucional, entre otras. Otros quieren eliminarlo por completo.

La vía constitucional pertinente para lograr cualquier reforma la tendrá, en todo caso, siempre la Corte Constitucional a través de un dictamen. Existen criterios que van más allá y buscan la realización de una Asamblea Constituyente para realizar cualquier modificación.

¿Eliminarle funciones de designación significa alterar la estructura fundamental del Estado? Esa es la gran pregunta. Evidentemente no significa una regresión de derechos constitucionales sino una modificación de facultades. Como la que podría sufrir una Superintendencia o la Contraloría General del Estado. En todo caso, cuando finalice el debate la Corte será la gra dueña del destino jurídico del Ecuador. (O)