El caso de la seguridad social / Hernán Castillo C.

Es ampliamente conocido que la existencia de un órgano estatal de amparo social constituye factor esencial en la administración pública de los Estados.

Ecuador apertura la Caja de Pensiones en 1928 –durante el gobierno de Isidro Ayora- en acción acertada pero tardía, pues muchos países del ámbito latinoamericano ya lo tenían. Luego adoptó el nombre de Caja del Seguro Social, para pasar a llamarse, hasta hoy, en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Debido a una forma criolla y poco técnica de manejo administrativo los sucesivos gobiernos se dieron a la ingrata tarea de convertir al órgano de seguridad social en “caja chica” para solventar ciertos gastos conforme así se antojaba a los gobernantes de turno. Tomaban sus recursos en calidad de “prestamos” hasta que éstos se fueran acumulando y el Estado pagaba esporádicamente cuotas atrasadas.

Fue en el gobierno de Correa, del 2007 al 2017, que esta práctica anti técnica se acentuó al compás del capricho del gobernante hasta desbordar en la marca del embuste y falsedad cotidianas de entonces. La deuda creció hasta cifras inmanejables y solo entonces el líder anunció, muy suelto de huesos, que esos recursos eran estatales –desconociendo que la propiedad de esos fondos pertenece a los afiliados­-. Como corolario, proclamó que no hay deuda alguna con el IESS.

El reconocimiento, este enero, de la existencia de la deuda por parte del presidente Lenin Moreno es un hito en esta triste historia, aunque su manejo siga siendo penoso. En el año 2012 la deuda estaba  en los 993 millones, para pasar en 2017 –final del gobierno de Correa- a los 2880 millones, es decir que en apenas cinco años trepó la deuda en más del 300 por ciento.

Desde la existencia del amparo social en el Ecuador, 90 años, el gobierno de Correa ha sido el único que ha puesto en peligro a la entidad, a partir de la metida de mano a sus fondos de manera desmedida y en desmedro de millones de ecuatorianos. (O)